Los investigadores de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), de la Contraloría General, lograron rastrear y encontrar 1.638 predios con medida de extinción de dominio que hoy no están siendo administrados por nadie, cuando debían estar a cargo de la SAE.
Aunque aún están pendientes por revisar cerca de 4.000 registros, que aportarán luces sobre esos inmuebles sin administración, la Diari halló que hay 1.110 predios ubicados en Bogotá con un valor catastral de 54.369 millones de pesos.
En el informe, que será entregado en los próximos días al presidente Gustavo Petro y que es parte del compromiso que hizo el contralor general en el Congreso de la República, se revela también que de cada 100 predios a los que se les define situación jurídica, más del 50 % termina en devolución y al otro 50 restante se le realiza extinción de dominio.
Asimismo, se establece que hay 6.634 predios con medida cautelar de extinción de dominio, 2.465 sobre los cuales la Fiscalía ha declarado improcedencia y han sido devueltos a sus dueños y, finalmente, 1.638 que están huérfanos, es decir, se encuentran con medida cautelar de extinción o suspensión del poder dispositivo, no los tiene la SAE y no se sabe cuál es su estado.
La Contraloría le hace un seguimiento permanente a este inventario y un llamado a la SAE para que monetice los bienes a su cargo e invierta esos recursos, tal y como lo prometió el presidente Petro desde su posesión.
Al entregar un balance de sus primeros cien días al frente de la Contraloría, Carlos Hernán Rodríguez reveló que el organismo de control logró el resarcimiento de daño al patrimonio público superior a los 308.129 millones de pesos.
“Solamente en el resarcimiento al daño fiscal, la suma de cobros coactivos, se acerca a los recuperados por el organismo de control en los últimos cuatro años”, resaltó Rodríguez Becerra.
En total, el resarcimiento del daño al patrimonio al Estado colombiano en los primeros 100 días de gestión alcanza un total de 308.129 millones de pesos, al sumar al recaudo de cobro coactivo 204.908 millones, el resarcimiento en responsabilidad fiscal 13.285 millones y los títulos de depósito judicial en trámite de redención, 89.936 millones de pesos.
La suma de cobros coactivos se acerca a los 245.432 millones de pesos recuperados por el organismo de control entre 2018 y agosto de 2022.
Lupa en el Valle del Cauca
En Cali, la Contraloría General tiene su lupa puesta en la contratación realizada por la Alcaldía de Cali, Emcali y la Imprenta del Valle, conocida como Impretics.
El total de recursos bajo la mira de la Contraloría en la Alcaldía de Cali llega a los 491.301 millones de pesos.
Sobre los contratos de la Feria de Cali, hay abiertas cuatro indagaciones preliminares por un contrato de Corfecali por 500 millones de pesos y se adelantan dos procesos de responsabilidad fiscal verbales y uno de responsabilidad fiscal ordinario.
En la Alcaldía de Cali se abrieron cinco indagaciones preliminares, en las cuales se agrupan 98 contratos, así: una por 25 contratos del PAE por 167.000 millones de pesos; una por 19 contratos de obra por 230.000 millones; una por nueve contratos relacionados con planes y programas por 16.587 millones; una por 22 contratos por inundaciones por 30.736 millones; una por 23 contratos de iluminación y alumbrado por 46.436 millones de pesos.
En Impretics se abrieron indagaciones preliminares, por contratos por valor cercano a los 82.000 millones de pesos, así: una por ocho contratos por 10.000 millones de pesos; una por un convenio por 11.000 millones y se tramita una queja por 70 contratos por 60.000 millones de pesos.
En el marco de la Actuación Especial de Fiscalización que adelanta la Contraloría, se han tramitado denuncias con relación al Contrato suscrito entre Emcali y la Unión Temporal AMI 2022 y se advirtió públicamente sobre el riesgo que genera la ejecución de este contrato.
El reciente anuncio realizado por la Gerencia de Emcali en el sentido de que ha llegado a un acuerdo con el contratista para terminar de manera bilateral, de mutuo acuerdo, el contrato suscrito, representa un beneficio fiscal por valor de 215.000 millones de pesos.
En Emcali se adelantan 24 indagaciones preliminares y seis procesos de responsabilidad fiscal: una por 20 contratos varios y otros HGD, por 576.739 millones; una por un pago de intereses por no pago de la tasa retributiva, por 19.932 millones; un proceso de responsabilidad fiscal por no liquidación ni facturación por cobro de consumo de energía a Telmex, por 18.733 millones de pesos.
Se tienen también cuatro procesos de responsabilidad fiscal por determinar, por 2.753 millones de pesos, y un proceso de responsabilidad fiscal por no cobro de valores a operadores por uso de infraestructura, por 887.542.132 millones de pesos.
En el segundo semestre de 2022 se han liberado a la fecha 174 actuaciones de vigilancia fiscal, donde se han detectado presuntos hallazgos fiscales por un total de 133.800 millones de pesos.
El gran total de recursos bajo la mira de la Contraloría en la Alcaldía de Cali llega a 491.301 millones de pesos.
Ocad-Paz
El equipo de regalías de la Contraloría adelanta una auditoría a 317 proyectos financiados con recursos de regalías, por valor de más de 15 billones de pesos. De estos, 254 son financiados con recursos de Ocad-Paz, por valor de 2.773.452.867.315 pesos.
A corte de 7 de diciembre de 2022, se han establecido un total de 179 hallazgos con incidencia fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías, por valor de 598.546.661.613 pesos.
Tras la realización de un especial seguimiento en el segundo semestre de 2022 a 165 Proyectos de diferentes departamentos del país, en cuantía de 1,83 billones de pesos, se establecieron alertas a 115 proyectos financiados con recursos Ocad-Paz por 1,4 billones.
Las alertas más relevantes hacen referencia a Intermediaciones innecesarias en la ejecución de los proyectos, alto avance financiero y baja ejecución de obras, pagos anticipados y/o anticipo, riesgos por falta de contratación y liberación de recursos, contratos sin interventoría, e incumplimiento a los principios de planeación y de publicidad, entre otros.
En los primeros 100 días de gestión, avanza la ejecución de una actuación Especial de Fiscalización, en el departamento de La Guajira, en la que se están auditando 22 proyectos por valor de 504.00 millones de pesos.
Asimismo, una Actuación Especial de Fiscalización en la que se auditan 17 proyectos por valor de 158.425.872.992 pesos en los departamentos de Caquetá, Valle del Cauca, Putumayo, Sucre, Magdalena y Guaviare. A esto se le suman otras dos Actuaciones Especiales de Fiscalización en los departamentos de Vichada y Sucre, dónde se auditan dos proyectos por valor total de 9.966.061.925 pesos.
Por otro lado, avanza la ejecución de dos Auditorías de Cumplimiento en los departamentos de Caquetá y Atlántico, para dos proyectos por valor total de 13.832.648.795 pesos.
El total de proyectos Ocad-Paz auditados 2019-2022 es de 562 y se han determinado 66 hallazgos fiscales por 126.809.261.030 pesos.
La región Caribe presenta el mayor número de hallazgos fiscales 29 por 74.824.832.091 pesos. Le sigue la Región Centro con 13.23.871.883.914 pesos y luego la Región de los llanos con 14 por 19.420.158.692 pesos.
La Guajira
La Contraloría le puso el ojo a un eventual riesgo de detrimento patrimonial por más de 104.000 millones de pesos en La Guajira, al auditar 22 proyectos financiados con recursos de regalías por la suma de 504.000 millones de pesos, de los cuales cinco proyectos corresponden a recursos Ocad-Paz, en municipios como Barrancas, Manaure, Hatonuevo, Maicao, Fonseca y Dibulla.
Entidades como Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior (EDURED), Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo del municipio de Dibulla S.A ESP, Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A. EDUBAR S. A., Acueducto Alcantarillado y Aseo de Uribia S.A.S E.S.P y la Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira) son sujetos de seguimiento en este ejercicio auditor que contempla la revisión de proyectos en los sectores de Vivienda, ciudad y territorio; Ambiente y desarrollo sostenible; Transporte, Agricultura y Desarrollo rural o Educación.
De igual manera, es importante señalar que se están realizando mesas de trabajo con la administración, los contratistas y los interventores de algunos proyectos de la actuación especial de fiscalización, con el fin de llevar estos proyectos a Compromiso Colombia y poder generar un beneficio de Control Fiscal y que los proyectos se ejecuten en su totalidad.
Paralelamente, la delegada para la Población Focalizada llamó la atención por la ineficaz e ineficiente gestión del Estado colombiano para salvaguardar la vida de los niños y niñas de los grupos étnicos, dado el aumento de la desnutrición y de la mortalidad entre menores de cinco años, por el incumplimiento de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, la baja ejecución presupuestal y la prevalencia de estos indicadores en departamentos como La Guajira. A junio de 2022, los acuerdos que benefician a la niñez étnica presentan un avance promedio apenas del 48 %, lo que denota un incumplimiento generalizado de las metas previstas y refleja un bajo desempeño del Gobierno en la atención que requiere esta población.
El 58 % de las muertes por desnutrición en menores de cinco años se concentran en niños con pertenencia étnica, siendo principalmente la población infantil indígena la más afectada, con el 53 % de los casos. Del mismo modo, el 22 % de los casos de desnutrición en menores de cinco años se registran en la población étnica, con prevalencia en la población indígena que concentra el 17 % de estos casos.