Ad portas de conocerse el sentido del fallo, Jaime Ernesto Gómez Muñoz, exescolta del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el único procesado por el magnicidio del excomandante del M-19 y el candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, registrado el 26 de abril de 1990, quedó en libertad por vencimiento de términos.

En la decisión judicial se reseñó que ya se cumplieron cuatro años desde que Gómez Muñoz fue capturado en medio de la investigación y hasta la fecha no se le ha resuelto su situación jurídica, lo que representa una vulneración a su debido proceso.

Senadora María José Pizarro, hija del excomandante. | Foto: Esteban Vega La-Rotta / Publicaciones Semana

En febrero pasado, la Fiscalía y la Procuraduría General le solicitaron a un juez especializado de Bogotá que emitiera sentido de fallo condenatorio al considerar que las pruebas permiten evidenciar que incurrió en los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Tras el crimen se conformó una comisión de investigación que se enfocó en el cambio intempestivo del esquema de seguridad del candidato presidencial, quien fue asesinado dentro de un avión cuando viajaba a rumbo a Barranquilla. Los escoltas de Pizarro abatieron ahí mismo al joven sicario, quien subió con documentación falsa y a última hora al vuelo comercial.

La defensa del excomandante del M-19 sostiene que durante la investigación se presentó el ocultamiento de información frente a la modificación del esquema de protección. Igualmente, le pidieron al recién reasignado fiscal Hugo Tovar Pérez y la comisión conformada recolectar la declaración del excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien actualmente se encuentra cumpliendo una condena en los Estados Unidos por narcotráfico.

La posición de la defensa de los familiares de Pizarro es que no se ha indagado la participación de directivos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en la planeación y ejecución del crimen. Igualmente, el conocimiento de agentes de la Fuerza Pública en alianza con los paramilitares comandados por Carlos Castaño Gil.

En la actualidad, únicamente está siendo procesado Jaime Ernesto Gómez, quien era uno de los escoltas de Pizarro. La Fiscalía General lo señala de haber sido el agente que le disparó y causó la muerte al sicario dentro del avión. Años después fue vinculado al caso, tras considerar que su versión sobre la forma en cómo ocurrieron los hechos presentaban contradicciones e inconsistencias. Con este actuar, se habría desviado la investigación durante décadas.

En marzo de 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó el sometimiento del exagente del DAS y devolvió el expediente a la Fiscalía. Esto, tras considerar que nunca mostró voluntad de aportar a la verdad y tuvo una actitud reacia con los familiares del candidato presidencial asesinado.

Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del M-19.

“Las afirmaciones contenidas en el escrito de impugnación sugieren que las personas afectadas por el homicidio del señor Pizarro Leongómez que intervinieron durante el trámite son reacias al esclarecimiento integral de los hechos”, señaló la Sección de Definición de Situaciones Jurídicas en su momento.

El pasado 3 de enero, el Despacho de la vicefiscal general emitió una resolución en la que se ordenaba la conformación de un grupo especial de fiscales para fortalecer la investigación e identificar después de tres décadas a todos los implicados en este magnicidio. El jefe de la dirección contra las Violaciones de los Derechos Humanos, Hugo Tovar Pérez, y los fiscales Mauricio Ponce y Pablo Porras, estarán frente a la recaudación y revisión de los elementos materiales de prueba.

Sepelio de Carlos Pizarro, candidato del M-19, asesinado. Abril de 1990. Foto: Lope Medina. | Foto: LOPE MEDINA

La senadora María José Pizarro, hija del excomandante del M-19, celebró la decisión y consideró que lucha contra la impunidad en este caso. “Con la creación del grupo especializado le da un nuevo impulso. Esperamos romper la impunidad de 32 años, el país y su familia merecemos la verdad”, publicó en su cuenta de Twitter.

Considera que después de 32 años no se ha emitido una sola condena ni se ha vinculado a todas las personas que tuvieron conocimiento y participación tanto en el crimen como en la desviación de la investigación.