El gobierno de España dio fin el sábado a una huelga de controladores de tráfico aéreo al imponer un decreto de emergencia que amenazaba a los empleados con penas carcelarias bajo ley marcial. Los vuelos se reanudaron, pero cientos de miles de viajeros seguían varados en aeropuertos. Para la tarde del sábado, la ley —que nunca se había aplicado— ocasionó que 283 de los 295 controladores que debían laborar así lo hicieran, dijo la agencia de aviación civil Aena. El espacio aéreo español reabrió después de quedar cerrado por una huelga que comenzó el viernes por una disputa sobre horarios laborales, pero el gobierno advirtió que podrían pasar hasta dos días antes de que las operaciones regresen a la normalidad. "Es un caos total", dijo la española Rocío García, quien esperaba pasar el fin de semana en París. "Hay dos personas atendiendo a una fila de unas 500 personas". Aena dijo que aproximadamente 600.000 personas perdieron vuelos el viernes o el sábado debido al paro. El presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero puso el sábado a los cerca de 2.000 controladores aéreos del país bajo las órdenes de la autoridad militar, lo que significaba que quienes rehusaran volver a sus labores enfrentarían la amenaza de ser encarcelados. La táctica de mano dura fue una píldora amarga de tragar para un hombre que se enorgullece de su ideología socialista y siempre trata de quedar bien con los sindicatos. "La Guardia Civil y la Fuerza Aérea entraron con pistolas y nos obligaron a sentarnos ahí y a guiar a los aviones. Eso fue lo que hizo el gobierno", relató Blanca Uriarte, una controladora de tráfico aéreo de Mallorca. El vicepresidente del gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba dijo que la Aena investigará a los controladores que no se presentaron a trabajar en las últimas 24 horas sin la debida justificación. "Habrá consecuencias sin duda para aquellos que de forma irresponsable, inexplicable y muy dañina han abandonado sus puestos de trabajo y las torres de control de nuestros aeropuertos", aseguró. Los controladores aéreos comenzaron su huelga el viernes por la noche debido a una disputa prolongada con el gobierno en torno a las condiciones laborales, horarios de trabajo y prestaciones. La disputa empeoró en febrero luego que el gobierno limitó las horas extra, lo que redujo el salario anual promedio de los trabajadores de unos 350.000 euros (463.000 dólares) a unos 200.000 euros (264.000 dólares). Funcionarios del gobierno habían dicho abiertamente que era indignante que algunos controladores ganaran casi medio millón de euros (660.000 dólares) en una época de crisis en la que hay una tasa de desempleo de casi 20%. La gota que derramó el vaso para los huelguistas fue el decreto que aprobó el viernes el gabinete y el cual prevé que los controlares que falten a sus turnos por enfermedad deben compensar las horas perdidas y pueden ser sujetos a revisión médica inmediata si se reportan enfermos. Ambas partes se culparon por el caos derivado de la huelga. El lunes es un feriado nacional por el Día de la Constitución Española y el miércoles es un feriado religioso. Mucha gente pensaba tomarse también el martes. Por lo general esta es una de las semanas de mayor tránsito de viajeros durante el año en España. El sindicato de controladores, USCA, y el Partido Popular, de oposición, criticaron al gobierno por aprobar el decreto justo antes del fin de semana feriado. El gobierno respondió que era culpa de los controladores por elegir el viernes para declararse en huelga. El paro dejó varados a miles de pasajeros en un fin de semana alargado por días festivos. Muchos viajeros durmieron donde pudieron, incluso en escritorios de servicio al cliente o apoyados en carretillas de equipaje. AP.