En su más reciente columna en SEMANA, el analista Aurelio Suárez denunció graves irregularidades en el proceso de compra de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el marco del programa bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro, en su reforma agraria.
En la publicación denunció irregularidades en los procesos de compra y lo que llamó “violaciones a la ley 160 de 1993, especulación, tierras improductivas e inundables, posibles testaferros y falta de pago a oferentes”.
Advirtió el columnista que no es algo marginal. “Primero, la tercera parte de la plata está en estos casos problemáticos; segundo, aquí hay comprometidas casi la mitad de las hectáreas para entregar. Es un fracaso del programa bandera de Petro”, dijo en diálogo con SEMANA.
Para Suárez, este caso es más grave que el de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Por qué? “Porque este es el programa bandera de Petro”. Recuerda que esta iniciativa era a la que el presidente iba a pedir apoyo a la ONU, para facilitar las compras. “Yo hago una pregunta: qué puede pasar si además se le añaden más elementos de laxitud para las compras, que no haya estudios, ni requisitos de tipo institucional”.
Señala que la reforma agraria es el programa histórico del mandatario. “No se está hablando de restitución ni de titulación. Estamos hablando de compra y venta de tierras. Es un programa que aparece manchado”, agregó.
Ante las denuncias, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, en su cuenta de X, advirtió que la ANT tiene instrucciones para entregar a las autoridades información de cualquier situación irregular.
“El director Felipe Harman, de la Agencia Nacional de Tierras, tiene la instrucción precisa, de poner en conocimiento de las autoridades de control cualquier situación que revista irregularidades en los procesos de compra de tierras”, señaló en la red social.
Y agregó: “Esperamos que las autoridades competentes aclaren qué fue lo que pasó en los casos denunciados. Si hay funcionarios involucrados en acciones ilegales, en línea con lo dicho por el presidente Gustavo Petro, dichas personas deben responder, y este Ministerio hará el acompañamiento necesario para que se aplique la ley con todo el rigor, porque debemos cuidar que los recursos públicos de la reforma agraria sean para la adquisición de tierras fértiles óptimas para la agricultura a favor de comunidades negras e indígenas”.
Por su parte, Harman, también en X, señaló: “Ratificamos públicamente que ha sido bajo mi dirección que se ha puesto en conocimiento a autoridades de control posibles irregularidades en el proceso de compra. Hoy tenemos: Resolución única de compra, mecanismo de control de precios, canal abierto de denuncia frente a postulaciones de predios y asignaciones de subsidios”.
Mencionó el del director de la ANT que ha interpuesto 14 denuncias ante la Fiscalía General sobre presuntas irregularidades en procesos internos y trámites de compra de predios.
Aurelio Suárez en la publicación denuncia irregularidades en departamentos como Cauca, Valle del Cauca Meta, Vichada, Sucre y Cesar.
Muchos de los predios en la costa están en riesgo de inundación, advierte Suárez, y dice que las anomalías cubren la mitad de la tierra comprada y $134.000 millones del patrimonio público, la tercera parte del gasto. “El olor a podredumbre agrava la parsimonia”, asegura.
En la columna, Suárez señala que Petro y la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, “hacen maratones de entrega de tierras, contratan consultorías, avisan alianzas con la SAE y hacen denuncias parciales, pero ocultan hechos tan escandalosos como estos, mácula de la reforma bandera, carente de un programa agropecuario nacional. El mal olor se siente a kilómetros de distancia”.
Uno de los casos se da en Caloto (Cauca). Allí, describe Suárez, se compraron 23 predios que son, “en último término”, de Alberto Bernal Seijas, condenado a 30 años de cárcel como determinador de la Masacre de El Nilo o Masacre de Caloto en 1991, señala la columna. “Como oferente figura la firma Agrícola Bernal Seijas, creada en 1985. No obstante, como vendedoras aparecen otras empresas: Agropecuaria La Macarena y Emcar Investments, con capital pagado inferior al valor de los predios que comercializaron, con familiares de Bernal como titulares y con idénticas direcciones de domicilio e igual correo electrónico. Sin evaluar un eventual testaferrato, ni si cabían restituciones o extinciones, la ANT pagó a los Bernal $18.516 millones por 285 hectáreas”.
Por otra parte, en el Meta, en la población de San Juan de Arama, se compró el predio Hato Rondón, de 1.047 hectáreas, con varias irregularidades: sin informe agronómico, ni jurídico, ni de uso del suelo, ni ambiental, ni control de calidad del avalúo. La operación, denuncia Suárez, fue un éxito para el vendedor y le representó una ganancia exorbitante e instantánea: Palma Capuchinos SAS, lo había obtenido apenas 7 meses antes, en febrero de 2023, por $2.050 millones y lo revendió en septiembre a la ANT por $10.994 millones.