El Congreso de los Estados Unidos es el interlocutor que escogieron 30 senadores y representantes colombianos para denunciar los hechos de espionaje de los que fueron víctimas al menos 130 personas entre periodistas, exministros, funcionarios de la Presidencia, generales, políticos y sindicalistas. Por medio de una carta dirigida al presidente Iván Duque, el grupo de congresistas le advierte que enviarán información detallada a todas las instancias internacionales encargadas de la protección de los derechos humanos. Esto con con el fin de que tomen cartas frente al escándalo que denunció SEMANA sobre el espionaje militar que se estaría llevando a cabo de manera ilegal en el país y con recursos de cooperación internacional.
Para Iván Cepeda, Aida Avella, Antonio Sanguino, Pablo Catatumbo, David Racero, Inti Asprilla, Mauricio Toro, Sergio Marín, Katherine Miranda, Wilmer Leal y Julián Gallo, entre algunos de los firmantes, es bastante cuestionable la posición que ha tomado el mandatario. Dicen que a pesar de haber dicho "rechazo este nuevo caso de violaciones sistemáticas de derechos humanos ", se trata de un mensaje meramente "retórico".
Para hacer esa calificación se basan en los recientes hechos que ha vivido el país. "Usted ha dicho que rechaza esta clase de actividades ilegales, pero nos ha sorprendido que al ser llamado a calificar servicios el oficial que condujo el Ejército en el periodo de estos hechos, el general (r) Nicacio Martínez Espinel, fue objeto de exaltación por parte suya (...) No conocemos aún de resultados de investigaciones serias sobre la eventual responsabilidad de este oficial ni tampoco tenemos noticia de la responsabilidad en esta operación del ministro de Defensa de ese entonces, Guillermo Botero", se lee en la misiva.
Agregan: "Otro tanto ha ocurrido con el actual director de la Policía, el general Óscar Atehortúa Duque, quien está siendo investigado por hechos de corrupción, pero continúa desempeñándose en su cargo como si estos asuntos no ameritaran su retiro temporal o definitivo (...) Miembros del partido Centro Democrático habrían sido los presuntos autores de esta operación de espionaje y serían destinatarios de la información obtenida, sin que hasta la fecha hayamos tenido información de su posición sobre tan alarmante circunstancia". Según los congresistas, no existen las más mínimas garantías para la oposición política en Colombia. Aseguran que esta nueva operación criminal, similar en su forma y contenido a la práctica de las “chuzadas” por parte del DAS, "muestra sin lugar a dudas que en Colombia el respeto del derecho a la oposición política es meramente decorativo y que en realidad estamos ante un gobierno de orientación autoritaria".
Bajo ese escenario, y teniendo en cuenta que buena parte del dinero utilizado para estas actividades de espionaje ilegal habría salido de fondos estadounidenses, es que la oposición decidió tocar las puertas de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos; de ahí el interés de llevar ante el Congreso el caso de cómo se está dando la malversación de recursos.