El excanciller Álvaro Leyva no se quedó quieto después de que la Procuraduría lo sancionara por 10 años para ocupar cargos públicos. Y es que 9 días después de que se conociera el fallo disciplinario, la defensa del exministro de Relaciones Exteriores presentó un robusto documento con el que pretende tumbar la fuerte sanción que le impuso el procurador Ernesto Espinosa, medida que ahora pasará a revisión al despacho de la procuradora general, Margarita Cabello.
La apelación de 164 páginas presentada por el abogado de Leyva argumenta que durante su juzgamiento se presentaron serias irregularidades que afectaron el debido proceso y la defensa, razón por la cual, solicita la nulidad del proceso disciplinario y de la sanción que lo dejó por fuera de la carrera pública por 10 años.
El documento conocido por SEMANA señala que la sanción violó “las formas propias de cada juicio. El proceso no se adelantó por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento sino solo por un procurador; y el fallo de instancia no fue adoptado por la Sala sino solo por dos (2) procuradores delegados”.
Así mimo, señala que no existió independencia e imparcialidad del procurador ponente, Ernesto Jesús Espinosa, por la enemistad grave que tendría con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y su “amistad íntima” con el apoderado de la empresa Thomas Greg & Sons, la cual pide ahora una millonaria indemnización por todos los perjuicios que le causó el manejo del contrato de los pasaportes.
“Las irregularidades sustanciales que configuran la causal de nulidad invocada revisten especial gravedad, pues no se trata de simples yerros procedimentales subsanables, sino de auténticas transgresiones que han afectado de manera profunda la estructura esencial del proceso disciplinario, que tienen la virtualidad de impactar la validez jurídica de la actuación como la legitimidad del fallo emitido”, dice el documento que pasará por revisión de la procuradora Cabello.
Frente al cuestionamiento sobre la falta de un procurador en el fallo de instancia, la defensa del exfuncionario de Petro aseguró que la procuradora María Lourdes Hernández se encontraba en comisión, razón por la que no participó en dicha sesión. Es decir, la funcionaria no habría revisado ni aprobado la decisión final.
Por eso la apelación expone que “comprende que la funcionaria estuviera en comisión en esa fecha; sin embargo, no se entiende por qué el fallo no pudo emitirse en otro momento en el que se asegurara la presencia, participación, revisión y aprobación de la Dra. Hernández, (o de otro procurador de manera que se confirmara una sala de tres integrantes)”.
Sobre su enemistad grave contra el Gobierno, la apelación argumenta que el procurador Espinosa antes de llegar al cargo criticaba a la entidad y reconoció que la posición que tiene actualmente no contaba con independencia e imparcialidad. Por eso, la defensa del exministro consideró que era una razón suficiente para quedar separado de su condición de juez disciplinario.
También expuso que “el señor procurador hizo de mensajes en los que se alude de manera más que ofensiva al señor presidente de la República como ‘comandante Aureliano’, indicando abiertamente que el ‘mayor castigo’ para el hoy primer mandatario, por parte de un grupo del que él hace parte, autodenominado ‘colombianos de bien’, es ignorarlo.
La procuradora Margarita Cabello le respondió a Leyva
El pasado 14 de noviembre, la procuradora Margarita Cabello le respondió los fuertes cuestionamientos que le hizo el excanciller Leyva contra su decisión, advirtiendo que detrás de su suspensión habría intereses de sectores políticos para dejarlo por fuera de la carrera pública. Las palabras de Leyva no cayeron para nada bien al interior de la Procuraduría.
Desde el II Congreso Internacional de Derecho Disciplinario que se desarrolló en el Centro de Convenciones Agora, en Bogotá, la procuradora Cabello aseguró: “Las decisiones judiciales y las decisiones administrativas deben ser obligatoriamente respetadas por las autoridades, y más las altas autoridades, aunque no se compartan. Eso da tranquilidad en toda una sociedad y en el país. Hay que respetarlas, hay que acatarlas. Lo mismo que la Procuraduría deberían hacerlo todas las autoridades en este país”.