A la gravedad por los hechos ocurridos en Tierralta, donde un grupo de uniformados amenazaron a una comunidad, se suma el ataque a los funcionarios que pretendían investigar el caso, razones suficientes para el reclamo que hacen la procuradora Margarita Cabello y el fiscal Francisco Barbosa al presidente Gustavo Petro.

Los dos jefes de los entes de control disciplinario y penal le piden al presidente Gustavo Petro su intervención para que, como comandante de la Fuerza Pública, exija y garantice que los funcionarios judiciales no solo puedan hacer su trabajo, sino que su vida no esté en riesgo por la misma actividad.

“Nos dirigimos a su despacho para solicitar su intervención como comandante supremo de la fuerza pública a efectos de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio de las competencias constitucionales y legales de nuestras instituciones”, señala el documento que llegó al despacho del presidente de la República.

Tanto Margarita Cabello como Francisco Barbosa advierten la gravedad de los lamentables hechos en Tierralta. Para esclarecer lo que allí ocurrió, es necesario que los funcionarios a cargo de las investigaciones puedan llegar al sitio y avanzar en los actos de verificación.

“En este caso, en lo concerniente al acceso a los territorios del país para llevar a cabo las investigaciones por la posible comisión de violaciones a los derechos humanos”, redactaron en su carta la procuradora y el fiscal.

De la carta, hasta el momento, no se conoce respuesta. Fue enviada minutos después del ataque que sufrieron los funcionarios de la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y el ICBF que se desplazaban en helicóptero hasta el lugar de los hechos. La solicitud de las entidades es de urgencia.

“Lo anterior, con ocasión del atentado criminal perpetrado la tarde del día de hoy en contra de servidores de la Fiscalía y la procuraduría que de manera oportuna, en cumplimiento de sus funciones, se desplazaban en helicóptero del Ejército Nacional que fue impactado por armas de fuego de largo alcance”, dice el documento.

La procuradora y el fiscal son claros en señalar que es deber del presidente conservar” el orden público para los ciudadanos y, con mayor razón, cuando las instituciones tratan de adelantar las investigaciones por hechos de criminalidad que atentan contra los derechos humanos, como ocurrió con las comunidades en Tierralta.

“En tal sentido, en cumplimiento del deber que le asiste de conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo en donde fuere turbado, demandamos respetuosa, pero enfáticamente, la adopción de medidas encaminadas a permitir que los servidores adscritos a las entidades que representamos puedan acceder de forma segura a las zonas que requieren de su presencia”, explican los funcionarios al presidente.

Los dos, Margarita Cabello y Francisco Barbosa, firman con una sentencia para el presidente: que sin la presencia de las autoridades y sin que puedan desplazarse a la zona, no será posible avanzar en las investigaciones y, así mismo, garantizar la protección de los ciudadanos.