Una declaración que conoció SEMANA fue demoledora y entregó detalles de cómo en las celdas de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda fue asesinado, a patadas, Juan Pablo González, el presunto abusador de Hilary Castro. La declaración reveló, además, de qué forma cinco policías estarían comprometidos en el crimen, no hicieron nada por evitarlo.
El informante explicó cómo y después del proceso de judicialización, Juan Pablo fue llevado a las celdas de la URI por los policías que ahora fueron capturados. Los uniformados, según la declaración, lo entregaron a los llamados “plumas”, cabecillas de organizaciones criminales en este transitorio centro de reclusión, para darle la “bienvenida”: una golpiza que, al parecer, lo hacían con todas las personas capturadas o procesadas por delitos sexuales.
“Lo tiraron al piso y estas seis personas, al mando de alias el Tío, alias Derby y alias Júnior, lo cogieron a patadas… Alias Blacho, que es el más sanguinario de todos, le saltaba en las costillas hasta partirlas, y alias Jeferson le pisaba la cabeza a Juan Pablo”, señala la versión que conoció SEMANA.
También se supo que los policías escucharon los golpes, incluso las súplicas, pero no hicieron nada. Juan Pablo fue asesinado a patadas por los “plumas” que no se detuvieron su ataque hasta que el hombre estaba inconsciente y en el piso, en la mitad de la celda, de donde nunca se volvió a levantar.
“Escoltados” por otros privados de la libertad que se destacan por la violencia, los “plumas” y su guardia pretoriana andan con cuchillos, por lo que obligan a hacer lo que dicen. Al que se porta mal lo dejan sin comida hasta cinco días, le suspenden encomiendas y salidas al baño”, señala la declaración que confirma un régimen de torturas al interior de las celdas.
De acuerdo con las declaraciones, los “plumas” fueron identificados con los alias de Fernando, Júnior, Tío, Derby, Robayo. Trabajaban, según la versión, en contubernio con los policías que permitían el tráfico de estupefacientes, las extorsiones y amenazas a otros privados de la libertad, todo a cambio de sobornos.
“Juan Pablo fue asesinado por seis personas, que son el grupo violento. Un régimen que se vive acá adentro, de terror y corrupción, en conjunto con toda la custodia y algunos altos mandos… Ellos mismos autorizan los golpes, una vez se hace efectiva la medida de aseguramiento de las personas que llegan por delitos sexuales”, advierte la declaración.
Dicho por el testigo, la golpiza fue una secuencia que los “plumas” se turnaban con el ánimo de garantizar su participación. Como Juan Pablo no reaccionó, los criminales les pidieron a otros detenidos por abuso sexual que llevaran a su “colega” al baño, le rociaran agua para despertarlo, pero tampoco funcionó. Lo regresaron a la celda y allí lo dejaron, en el suelo.
“Apenas entró lo pasaron a la celda cuatro, cuando todos los detenidos deben pasar mínimo cuatro días en la celda ocho, que es la transitoria”, advierte la declaración que además reveló un entramado de corrupción al interior de las celdas de la URI de Puente Aranda.
Según el testigo, los policías reciben órdenes de los privados de la libertad, de los “plumas”, para no solo garantizar que su permanencia sea más cómoda, sino que continúe el tráfico de estupefacientes en este espacio de reclusión, un hecho que seguramente será expuesto en las audiencias preliminares contra los uniformados.
“Acá la corrupción de la Policía no tiene límites. Hay uno que mete cosas para los jefes de las celdas. Tiene una chaqueta que lo identifica con el número 6076XX, les trae marihuana, perico, cigarros, licor, armas y muchas cosas más que, se supone, son prohibidas”, se lee en la declaración.
Pendiente quedaría la imputación en contra de quienes serían los autores materiales del asesinato, los privados de la libertad que atacaron hasta matar a Juan Pablo en el espacio que se supone debió ser custodiado, no asesinado.