El pasado 24 de septiembre, a las 8:02 p. m., Orlando José Serpa Teherán radicó una denuncia ante la Fiscalía, de forma virtual, contra la directora de SEMANA, Vicky Dávila. En el escrito le da estatus de “indiciada” a la periodista y solicita que la investiguen por “interceptaciones ilegales, concierto para delinquir, espionaje ilegal, traición a la patria, y los demás que resulten de la investigación”.
El hombre, que tiene en su perfil de la red social X una foto abrazado al presidente Gustavo Petro, asegura que su denuncia es para que “Vicky Dávila responda por su presunta responsabilidad en la extralimitación de la ley penal”.
Serpa Teherán no presenta ninguna prueba y argumenta de esta manera su temeraria denuncia: “Que el doctor Gustavo Petro Urrego, en calidad de jefe de Estado de Colombia, denunció públicamente, mediante alocución oficial, presidencial, al país, emitida el pasado miércoles 4 de septiembre de 2024, en el que, con documentos y soportes en manos, anunció a la nación el macabro hallazgo de presunta actuación criminal, mediante la cual resultó espiada, chuzada e intervenida de manera ilegal la oposición política en Colombia”.
Y agrega: “Que en el gravísimo relato del jefe de Estado a la nación, el presidente Gustavo Petro hizo serias referencias (...) donde señala a la revista de siempre como presuntos responsables de hechos de persecución y espionajes ilegales a la oposición”.
Serpa Teherán, actuando como instrumento de lo que parece un plan contra la libertad de prensa, orquestado para judicializar a la periodista que más ha denunciado la corrupción del Gobierno Petro, dice: “Revista SEMANA, en cabeza de la señora Dávila, tendría serias presuntas implicaciones en materia de obtención y divulgación de información, obtenida de manera ilegal y con plenas intenciones de causar grave daño político al ejercicio de la oposición política en Colombia”.
En la denuncia, hay un aparte que resulta más que insólito. Serpa Teherán asegura que con las publicaciones de la periodista Vicky Dávila se vio afectada “la imagen política de nuestra lideresa (Piedad Córdoba), terminó gravemente afectada, hasta el punto de ser relegada y marginada por sus propios copartidarios de coalición Pacto Histórico, incluido su máximo líder y hoy presidente de la República, doctor Gustavo Petro, quien pidió públicamente que se apartara de toda actividad de campaña política”.
Serpa Teherán también pidió constituirse como “víctima”, al igual que su movimiento político “Corporación Proceso Organizativo por los Derechos Civiles, la Unidad, Dignidad y Autoestima de los Negros”.
Además, le solicita a la Fiscalía que le pida las pruebas al presidente y que lo mantengan informado del trámite.
Al final, presenta la gran prueba de su denuncia: “Adjunto video de alocución presidencial”.
Del denunciante se tiene el registro de sus redes sociales, en las que no solo luce como un fanático petrista, sino que aparece en diferentes fotografías con la fallecida senadora Piedad Córdoba, de quien asegura, en sus redes sociales, ser “hijo”.
Según una publicación del diario El Heraldo, Orlando José Serpa Teherán es hermano de Salvador Serpa Teherán, exalcalde de Buenavista, Sucre.
La directora de SEMANA, Vicky Dávila, lanzó una alerta este fin de semana sobre una ofensiva judicial para callarla, y reiteró en sus redes sociales que los petrovideos, como se informó desde un principio al país, llegaron a este medio a través de una fuente que pertenecía en su momento a la Colombia Humana, el movimiento político de Petro. Esta persona aseguró que entregaba dicho material porque no podía tolerar lo que estaba presenciando en la campaña y que el país debía conocerlo. Hoy, esa persona está vinculada al Gobierno Petro.
Dávila indicó que el nombre de la fuente seguirá protegido, como ordenan los cánones periodísticos.
Con la priorización del caso, tras la denuncia de Dávila, quedan dos caminos: que el fiscal archive el caso, porque no existe una sola prueba contra la directora de este medio, o que la Fiscalía de Luz Adriana Camargo insista en perseguir y callar a la periodista a través de un hostigamiento judicial.