Un magistrado de la Corte Suprema compartió con SEMANA la manera en que perciben la manifestación de decenas de personas que sitiaron a la corporación. Desde una terraza miran cómo estas personas bloquearon el acceso a los parqueaderos y les impide a varios togados tomar sus destinos.
Vea la transmisión especial de SEMANA sobre la sitiada a la Corte Suprema de Justicia en Bogotá
Este 8 de febrero, cientos de simpatizantes del presidente de Colombia, Gustavo Petro, marcharon para exigir a la Corte Suprema un nuevo fiscal general en reemplazo de Francisco Barbosa, a quien el mandatario acusa, sin pruebas, de intentar derrocarlo.
Sindicalistas, estudiantes y partidos de izquierda respondieron a la convocatoria del presidente para manifestarse en las principales ciudades del país el día en que los 23 magistrados del alto tribunal se reunieron para votar por la terna de juristas que Petro presentó a la Corte a finales del año pasado.
Ninguna de las candidatas consiguió este jueves los 16 votos necesarios para asumir el cargo. Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo son las ternadas. Así las cosas, la Fiscalía quedará de manera temporal a cargo de la vicefiscal general Martha Mancera.
En el marco de las movilizaciones, frente a la sede de la Corte Suprema, en Bogotá, unas mil personas cantaban arengas a favor de Petro y decidieron sitiar la corporación. Decenas de personas también se dieron cita frente a la sede principal de la Fiscalía.
“La movilización de hoy no es cierto que sea ordenada por mí, ni que vaya en presión contra la Corte a la que di todo mi respaldo y garantía. Si los grupos interesados deciden desesperadamente la ruptura institucional, habrá una respuesta popular contundente y sin violencia”, escribió el mandatario en la red X. Los manifestantes marcharon desde la mañana y entrada la tarde seguían congregados en el centro de Bogotá.
“Sesionamos en condiciones de normalidad. Adelantamos la votación para la elección de la fiscal general; hicimos dos rondas de votaciones y ninguna candidata alcanzó los votos necesarios”, declaró a los medios el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, antes de que los manifestantes decidieran reunirse frente a la corporación para presionarla, hecho condenado por múltiples sectores y organismos nacionales e internacionales, menos por el mismo jefe de Estado y sus personas afines. Según Chaverra, el tribunal volverá a votar en su próxima sesión plenaria, el 22 de febrero próximo.
En enero, la Fiscalía imputó cargos de lavado de activos contra Nicolás Petro, hijo del presidente. Según el ente investigador, el mayor de los herederos de Petro habría recibido fondos del narcotráfico durante la campaña presidencial de 2022, en la que desempeñó un papel clave para ganar apoyos en el norte del país. La audiencia preparatoria de ese juicio será el próximo 29 de abril.
Nicolás Petro se encuentra en libertad condicional y niega que su padre tuviera conocimiento sobre la entrada de dinero de narcotraficantes a su campaña. La sitiada a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de inmediato trajo al recuerdo de millones de personas la toma del Palacio de Justicia, en Bogotá, en 1985. Y se da la paradoja de que el presidente Petro era guerrillero del M-19 cuando se dio esa toma y ahora es jefe de Estado cuando de nuevo los magistrados están sitiados. ¿Qué sucedió?
Los disparos se repitieron y cientos de secuestrados en la sede de la justicia en Colombia se encontraron cara a cara con la muerte (94 fallecidos) que, en 28 horas, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, acechaba por cada rincón en el edificio que se habían tomado guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19), y que soldados del Ejército retomaron en un enfrentamiento a sangre y fuego que, como una de las peores pesadillas, Colombia no ha podido olvidar.
El M-19 incluyó a sus mejores estrategas militares, cuadros intelectuales y negociadores porque querían dar un debate ideológico y jurídico. En un principio, el plan era tomar el control del Palacio de Justicia, hacer un juicio popular al proceso de paz de la época, obligando al presidente Belisario Betancur a defenderse, poniendo como testigo a la Corte Suprema de Justicia. Además, unas proclamas en la radio.