Escuchar al equipo de investigadores y a Jack Scarola, abogado que representó a las víctimas en el proceso contra Chiquita Brands por financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia es sumergirse en algo similar a un capítulo de la popular serie norteamericana La Ley de los Audaces, en la que se relatan pleitos históricos en materia civil, en que grandes compañías son demandadas, y el que la que en algunos casos muestran cómo los peces pequeños luchan como pueden para evitar ser comidos por los más grandes.
El caso de las miles de historias de campesinos que llegaron a tribunales de Estados Unidos contando que una famosa empresa frutícola de origen Norteamericano financió a un grupo terrorista en Colombia y que por eso su familiares están muertos, tras ser asesinados de la manera más cruel y con la complicidad de grandes empresarios, ha generado indignación sobre todo entre los jurados que conocieron los relatos de 9 víctimas escogidas al azar para que presentaran sus dramas con las respectivas pruebas.
El proceso empezó hace más de 17 años, cuando la justicia estadounidense declaró culpable penalmente a la compañía por los hechos. Pero no tuvo mayor castigo. Scarola se enteró de que mientras allá hablaban de un tema efímero en Colombia miles de familias en Antioquia y Magdalena lloraban sus muertos.
“Tengo una conexión muy grande con Colombia, por razones personales, sé que es gente de bien, trabajadora, por eso decidí llevar este caso. Colombia es una parte muy grande de mi vida personal por muchos años y parte de mi felicidad”, dijo a SEMANA el jurista que no habla español y que se rodeó de dos investigadores de alta trayectoria y de nacionalidad colombiana: Carlos Fajardo y William Acosta.
Hoy el más joven está cercano a los 60 años. Jack Scarola tiene 74 años, pero cuando cogieron el caso estaban jóvenes, han pasado casi dos décadas desde ese momento en el que se asumieron el reto. Los niños, hijos de los hombres y mujeres asesinados que contaron lo que vivieron hoy son adultos. Muchas víctimas murieron esperando un fallo como el que hoy se dio.
Con recursos propios muchas veces en bus, moto, a pie; Acosta y Fajardo recorrieron los territorios buscando pruebas que demostraran que Chiquita Brands sí fue responsable de la muerte de tantos campesinos. Se estrellaban con “el nepotismo y hermetismo de la justicia colombiana que no nos daba información de los casos que habían archivado. Extraditaron a los paramilitares a Estados Unidos y durante muchos años no pudimos hablar con ellos”, relata uno de los investigadores, sin contar el riesgo que corrían. Aseguran que poco han dormido durante estos años.
El caso estuvo lleno de altibajos, cuando por fin avanzó el proceso penal en contra de los directivos de Chiquita Brands en los Estados Unidos, el abogado que durante años fue de confianza de la compañía, llegó a ser el fiscal general de ese país, así que pagando una sanción de tan solo 25 millones de dólares al gobierno estadounidense se cerró el pleito.
Para ellos sacar adelante el proceso civil afrontaron momentos críticos como aquellos en los que aun teniendo una citación para que los campesinos se presentaran en las cortes norteamericanas, les negaban las visas.
En medio de la lucha recopilaron testimonios claves, como aquellos en los que los mismos empleados de Chiquita Brands contaron que la compañía no solo daba una gruesa suma de dinero para la financiación del grupo criminal, sino que además pasaba lista de personas que no querían vender sus predios para que las asesinaran las AUC. Y que en los barcos en los que transportaban la fruta también traficaban las armas que utilizaban los paramilitares.
En la recta final el juicio duró seis semanas, el viernes se fueron todos a descansar y la tarde de este lunes 10 de junio les notificaron que la corté falló a favor de las víctimas y que Chiquita Brands debe indemnizarlas económicamente. “Estoy tan feliz de poder darle la noticia a las familias, Este es el caso más importante de mi vida, llevo ejerciendo 50 años y dedique casi la mitad de ellos a luchar por esta gente humilde”, dijo a SEMANA, claramente emocionado antes de explicar a qué conclusión llegaron los jurados.
" A cada una de las victimas las mató las AUC que contó con la financiación de Chiquita, esta compañía no actuó como un negocio razonable porque financió a las autodefensas por un periodo muy largo de tiempo. Chiquita estaba actuando muy peligrosamente con sus acciones que eran ilegales bajo las leyes colombianas y de Estados Unidos. Que la Defensa de Chiquita al decir que estaba amenazados y tenían temor, no era válida porque Chiquita Escogió ponerse en ese lugar, haciendo negocios con paramilitares y se quedó en Colombia y le siguió pagando durante muchos años”, narró Jack Scarola.
Debido a que son tantas las víctimas estas fueron distribuidas en grupos para ser representadas por varias firmas de abogados. Hasta el momento los nueve que narraron los hechos y que hablar frente a los jurados, son los únicos que saben a cuánto asciende la compensación económica son entre 2.1 y 2.3 millones de dólares, lo equivalente a 9.000 millones de pesos colombianos, promediando el cambio de la moneda.
No es una indemnización colectiva es decir cada uno de los casos será liquidado. Las víctimas permanecen en el anonimato por su seguridad. Lo que SEMANA conoció es que una de ellas es una de las tantas mujeres a las que les mataron sus esposos en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Tanto Scarola como Fajardo y Acosta coinciden al decir que este es un primer paso que conduce a en una dirección correcta, pero que esperan que la justicia colombiana también se mueva porque desde hace más de seis años se está esperando que avance el caso que incluso en su momento fue archivado y vuelto a revivir.