La Gobernación del Valle destinó una bolsa de 50 millones de pesos de recompensa para quien entregue información que permita el esclarecimiento del líder social Estiven López Córdoba, asesinado el pasado fin de semana en Buenaventura.

”Desde la administración de la gobernadora Clara Luz Roldán rechazamos la violencia que impide el desarrollo del departamento y del Distrito de Buenaventura. Es por ello que se dispone de hasta $50 millones por información que permita la captura de los responsables”, señaló Camilo Murcia, secretario de Convivencia y Seguridad del Valle del Cauca.

El funcionario añadió que la Policía dispuso de todas sus capacidades para adelantar las investigaciones pertinentes y dar con el paradero de los asesinos de López Córdoba. Entre tanto, la fuerza pública mantiene un robusto dispositivo interinstitucional para combatir las bandas criminales que buscan generar zozobra en la ciudad puerto.

El crimen

Loaiza tenía 36 años y era un reconocido activista de Buenaventura. Al momento del ataque, estaba ingresando a su residencia cuando fue sorprendido por hombres armados que le dispararon, causándole dos heridas en la espalda.

De inmediato, la víctima fue trasladada hasta un centro asistencial, pero por la gravedad de las heridas llegó sin signos vitales. Loaiza era reconocido en Buenaventura por hacer parte de algunas organizaciones sociales, políticas y empresariales. Durante los últimos días se encontraba promoviendo la marcha del 24 de febrero, donde una vez más los bonaverenses pedirán que cese la violencia.

Con Steven Loaiza serían 25 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2022 y 1311 desde la firma del acuerdo de paz, según datos entregados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.

Situación crítica en el Pacífico

A través de una carta presentada al presidente de la República, Iván Duque, la Iglesia católica, otras iglesias, organizaciones etnicoterritoriales, así como organizaciones sociales del Chocó y occidente de Antioquia, solicitaron —con carácter urgente— una reunión con autoridades del Gobierno nacional.

En la misiva, la Conferencia Episcopal también solicitó la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y garantes de la comunidad internacional, entre ellas la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

La solicitud elevada desde la Conferencia Episcopal se da a partir de las respuestas recibidas de parte del Gobierno y de la fuerza pública al informe presentado el pasado 18 de noviembre de 2021, en que se exponían los resultados de las seis Misiones Humanitarias que se realizaron a lo largo del año 2021 y que evidenciaban la cada vez más grave y compleja crisis humanitaria que se vive en esta parte del territorio, donde la más afectada sigue siendo la población civil.

“Nos preocupa que la respuesta del Estado ante la grave situación social, visibilizada a través de las misiones humanitarias, solo tenga una respuesta de negación que pueda contener en el fondo la intencionalidad de silenciar lo que está ocurriendo en el Chocó y occidente de Antioquia”, señala la solicitud.

Puntualmente, la carta cita una respuesta del ministro de Defensa, Diego Molano, en la que “desvirtuó la descripción de los hechos, argumentando que no compartía el informe de la Iglesia sobre la crisis en el Chocó y aduciendo que la fuerza pública estaba dando resultados en el orden militar, para lo cual se apoyó en la captura de alias Otoniel y la muerte de alias Fabián”.