El Estado Colombiano fue condenado este lunes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el exterminio del partido Unión Patriótica, el cual nació tras la firma de un proceso de paz. En la decisión se consideró que existió una responsabilidad directa y una grave omisión para frenar estos hechos que iniciaron en el año 1984 y se extendieron por dos décadas.
En la lectura del fallo, que se extendió por más de una hora, el organismo internacional aseguró que el Estado violó los derechos a la vida, honra, libertad de expresión, circulación y residencia de los militantes de este partido político, reseñando que sus principales líderes, entre ellos dos candidatos a la Presidencia, fueron asesinados y otros tuvieron que buscar protección y asilo en otros países para proteger su vida y la de sus seres queridos.
En este sentido se señaló que esta persecución dejó seis mil víctimas, una cifra que hasta ahora sale públicamente. Para llegar a esta conclusión, la Corte IDH tuvo en cuenta un centenar de informes, las declaraciones de los militantes de la colectividad y estudios académicos. El juez de la Corte IDH, Ricardo Pérez Martínez, manifestó que durante décadas los integrantes de este partido fueron amenazados, perseguidos por su ideología política, desaparecidos, asesinados, desplazados y estigmatizados.
Esta evidencia permitió establecer la existencia de un “plan de exterminio” que estuvo “dirigido contra el partido, sus integrantes, militantes y simpatizantes”. Pese a los reclamos de las víctimas “el Estado violó el derecho a conocer la verdad”, lo que representó una prolongación de la violación de los derechos fundamentales de estas personas.
Esto llevo a que el partido dejara de existir, perdiendo durante décadas su personería política, lo que le impidió presentarse a las elecciones. No fue hasta que en junio de 2013, el Consejo de Estado tumbó una resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) considerando que no se tuvo en cuenta el hecho que muchos de sus militantes fueron asesinados y otros obligados al exilio.
Monumento a las víctimas
En la decisión judicial, se le ordenó al Estado -como medida de raparación- construir un monumento en memoria de las víctimas y la instalación de placas conmemorativas en diferentes ciudades para recordar a los militantes de la UP asesinados y exiliados. Igualmente, en un plazo determinado, deberá organizar un acto público para reconocer su responsabilidad.
Con el fin de ponerle un punto final a la impunidad, se deberán impulsar, en los próximos dos años, las investigaciones en contra de los determinadores -es decir, contra las personas que ordenaron estos asesinatos-, con el fin de buscar la verdad y cumplir los principios de justicia, reparación y no repetición de estos hechos. Para esto se deberá decretar un día nacional en conmemoración de las víctimas de la UP.
Igualmente, el Estado deberá realizar una búsqueda rigurosa para determinar el paradero de los desaparecidos, así como brindar un apoyo psicológica, psiquiátrico, psicosocial y médico a las personas que tuvieron relación con este movimiento político y que se vieron afectadas en el exterminio que fue ejecutado durante 20 años.
“El Estado realizara una campaña electoral nacional en medios públicos con la finalidad de sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia, persecución y estigmatización a la que se vieron sometidos los dirigentes, militantes, integrantes y familiares de los miembros de la Unión Patriótica”, precisó uno de los apartes de las acciones que se deben adelantar.
En otras determinaciones se fijó la reparación económica por los daños materiales e inmateriales que sufrieron 1.596 víctimas de deslazamiento forzado, es decir, que se vieron forzadas a salir de Colombia para proteger su vida y la integridad de sus seres queridos ante la escalada de atentados y amenazas.