Las masacres realizadas por el grupo paramilitar de los ‘Doce apóstoles’, conformado por ganaderos, empresarios y hasta un sacerdote en la región de Yarumal, en Antioquia, vuelve a meter en líos judiciales al Estado colombiano. Por segunda vez en menos de 10 meses el Consejo de Estado condenó a la Nación al comprobar la complicidad entre las autoridades y este grupo armado ilegal. La decisión responsabilizó a la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa por los asesinatos colectivos realizados en esa región de Antioquia en los años 1993 y 1994, en donde amparados en un afán de limpiar la región, realizaron más de 30 crímenes contra prostitutas, indigentes, drogadictos, entre otras personas, argumentando que no eran personas gratas para la sociedad. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero, encontró probado que los crímenes cometidos son atribuibles a un grupo organizado por personas reconocidas de la región. “Los ‘Doce apóstoles’ fueron financiados por los comerciantes de la región, además de tener el apoyo irrestricto de miembros de la Policía Nacional, miembros del Ejército y un sacerdote católico de la iglesia de La Merced”, dice la sentencia. La condena se impone por la muerte del joven Ovidio Alfonso Ardila Elorza, el 29 de septiembre de 1993, a manos de ese grupo armado ilegal, por cuenta de su consumo de marihuana para la época de los hechos. El alto tribunal ordenó una indemnización de cerca de 500 millones de pesos para los familiares. Para el magistrado Gil Botero, es claro que existe negligencia del Estado, en especial de la Fiscalía, para investigar el crimen del joven Ardila y las selectivas masacres perpetradas en Yarumal, pese a los suficientes elementos materiales de prueba. “Se lamenta que el proceso penal no contara con los elementos suficientes para haber esclarecido el total de las circunstancias en que se sucedió toda esa barbarie, así como la incompetencia de las instituciones para encarar semejante investigación”, dice el texto de la decisión. El fallo ordena a la Policía Nacional construir un monumento en la plaza central del municipio Antioqueño con el objetivo de generar memoria colectiva entre la sociedad por los hechos de esta barbarie. El magistrado Gil Botero precisó: “Nadie puede arrogarse con fines de extermino o de perdón, quién es bueno, útil y merece vivir, y quien es malo, desechable y debe morir. Nadie, y menos la autoridad porque cuando la autoridad hace eso pierde su asentamiento moral y legal de protectora de honra de la vida y de los bienes y se convierte en una monstruosa máquina destructora, y ese es el primer paso de la anarquía”. El Consejo de Estado hace un fuerte llamado a la Justicia para que investiguen a fondo los hechos, se hallen los responsables y se eliminen posibles especulaciones respecto de la posible participación de Santiago Uribe –hermano del expresidente Álvaro Uribe- en el crimen. La primera condena a la Nación por homicidios de ese grupo se conoció el pasado mes de septiembre. El Consejo de Estado también mencionó la complicidad de las autoridades en el homicidio de Luis Armando Holguín, el 12 de agosto de 1993, también en Yarumal.