Recientemente, el presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno permitirá que el campesino siga cultivando la hoja de coca mientras que la sustitución de cultivo funcione y así pueda, según el jefe de Estado, trasladarse definitivamente a una opción de cosecha lícita.
En ese sentido, el mandatario planteó una figura de erradicación voluntaria y no forzada, como se ha venido realizando durante gobiernos anteriores. “Se debe diseñar un programa para que un campesino pueda seguir con la hoja de coca mientras funcione el cultivo sustitutivo, nos van a decir que conviven con ese satán, no, convivimos con la realidad, no solamente no cometer los errores del pasado, se puede hacer con un proceso de diálogo”, sostuvo Petro, en el marco de la primera asamblea nacional cocalera que se llevó a cabo en El Tarra, Norte de Santander.
Según expuso el presidente de la República, los funcionarios públicos deben venir al territorio para conocer de primera mano la realidad de los campesinos. “(...) Tenemos que pasar a otras eras, la producción de la sustitución de cultivos en bruto debe convertirse en industria, no solo es plantar hoja de cacao, sino que tiene que haber una chocolatería en la misma región”, dijo.
Sin embargo, Estados Unidos no tardó en plantear su posición frente a la propuesta del presidente Petro en cuanto a los cultivos ilícitos. A través de un comunicado, el Departamento de Estado hizo una fuerte advertencia.
“Advertimos a la administración de Petro contra la transición inmediata de una estrategia de erradicación forzada a una voluntaria para controlar el crecimiento de cultivos ilícitos”, manifestó EE. UU. en primera instancia.
En tal virtud, destacó que sigue siendo de vital importancia contar con un programa de sustitución “totalmente financiado y bien diseñado” antes de pasar a la sustitución como medio principal de control de cultivos.
“Hasta el momento, la erradicación forzosa continúa y se espera que continúe mientras se desarrolla un programa viable de sustitución de cultivos”, agregó el Departamento de Estado en su comunicado.
Congreso de EE. UU. logra acuerdo para el presupuesto destinado a Colombia en 2023
El Congreso de Estados Unidos llegó a un acuerdo respecto al presupuesto general aprobado para el año 2023. Según el documento oficial, emitido por el comité de aprobaciones del Senado, Colombia tendría los fondos asignados disponibles para el próximo con un monto de 487,375,000 dólares.
De esta manera, los recursos estarían destinados para los distintos programas y actividades que incluyen la reducción de los niveles del cultivo de coca y su producción, incluidas 14 iniciativas que apoyan la erradicación de cultivos ilícitos.
La comisión de aprobaciones mencionó en su documento los “avances consistentes en la reducción de amenazas y ataques contra los defensores de derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil”, como también el papel de las autoridades colombianas para castigar y procesar a los responsables.
Los fondos que se aprobarían para nuestro país también serían destinados a programas de seguridad fluvial, instrucción y mantenimiento aeronáutico y marítimo, como también suministros “involucrados en la erradicación e interdicción de drogas” y la seguridad para estas actividades.
Otros programas relacionados, que podrán contar con los fondos otorgados por el Congreso de Estados Unidos y el gobierno de Joe Biden, están relacionados con la asistencia para Colombia, que incluyen “el pago de reparaciones a las víctimas del conflicto o indemnizaciones a desmovilizados asociados a los acuerdos de paz entre el Gobierno y grupos armados ilegales”.
El anterior presupuesto está supeditado a la aprobación del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, con las mismas condiciones anteriormente mencionadas, como la demostración de la reducción de los cultivos de coca en el país e informaciones sobre las violaciones de derechos humanos en Colombia.
Entre el dinero asignado para Colombia se espera que 40 millones de dólares sean destinados para “mejorar la seguridad rural en municipios productores de coca”, así como municipios con altos niveles de actividad ilícita.
La idea es priorizar dichos fondos a estas zonas de conflicto en donde se desarrollan diferentes programas asistenciales que mejoran el acceso a los servicios públicos.