Para el año 1996, la constructora Inversora y Promotora Gerona se estableció en Bogotá y adquirió un predio de más de 3.300 metros cuadrados en Kennedy, al sur de la ciudad, pero en su momento para poder acceder a la licencia de construcción debió reservar parte del terreno para la construcción de la Avenida Tintal desde la Avenida Villavicencio hasta la Avenida Manuel Cepeda Vargas.

Luego de 23 años, el IDU, por medio de la Resolución 1246 de 2019, ordenó la expropiación del terreno y resolvió pagar a Gerona la suma de 2.443 millones de pesos por el valor comercial e indemnización del inmueble. Lo que parecía el fin de una larga espera se convirtió en el inicio de una pesadilla.

En la resolución del IDU, la cual según la apoderada de Gerona, Diana Cristina Ruiz, nunca le fue notificada a la compañía, se ordenó que los 2.443 millones de pesos, menos los descuentos que por ley se debieran realizar, se pusieran a disposición del Juzgado 12 del Circuito de Bogotá para que resolviera una demanda registrada en la matrícula mobiliaria del inmueble, pero el juez estableció que la medida cautelar había sido cancelada y así las cosas el dinero pertenecía a Gerona, por lo que resolvió devolver a la cuenta del IDU en el Banco Agrario la suma de 2.361 millones de pesos.

Gerona, al enterarse de la resolución, se acercó al Banco Agrario para cobrar la suma por la expropiación del terreno, pero se enteró que el IDU, meses atrás, ya había autorizado al Banco Agrario que le cancelara la totalidad del dinero a Víctor Hugo Jiménez Castro, un tercero que, según Ruiz, no tiene nada que ver con la compañía.

¿Pero quién es Jiménez Castro y por qué el IDU le entregó el dinero? Jiménez Castro aparentemente es un acreedor quien para el año 2003 le prestó a Gerona 1.500 millones de pesos, deuda que fue respaldada por un pagaré aparentemente firmado por el representante legal de Gerona, Miguel Arango de Fex. Al pasar los años y al no obtener el pago de la deuda, Jiménez Castro decidió en el año 2020 acudir al centro de conciliación Fundación Derecho y Equidad para convocar a Gerona y exigir no solo el pago de los 1.500 millones de pesos, sino la cancelación de 1.250 millones de pesos adicionales por intereses.

En ese centro de conciliación, se acordó entre las partes que Gerona le iba a pagar a Jiménez la suma de 2.361 millones de pesos y que Gerona endosara y autorizara a Jiménez para cobrar el título judicial que reposaba a nombre de Gerona en el IDU por esa misma cantidad de dinero. Así las cosas, fue con esa acta de conciliación que Jiménez cobró la plata.

¿Pero qué hay de raro en el proceso?, resulta que a la conciliación en representación de Gerona se presentó el abogado Carlos Adner Viveros Díaz y lo hizo con un poder que le habría firmado Arango de Fex en la Notaría 4 de Bogotá, pero Arango aseguró bajo gravedad de juramento que nunca firmó ese poder.

En esa declaración juramentada, Arango reseña que no es cierto que Gerona tuviera alguna deuda con Jiménez Castro y que nunca fue notificado por el centro de conciliación para acudir a la misma.

En diálogo con SEMANA, Ruiz pone de manifiesto que para el año en el que aparentemente se firmó el pagaré la Junta Directiva de Gerona solamente le había autorizado a Arango a tomar decisiones sobre un máximo de 500 salarios mínimos legales vigentes, lo que correspondía a 166 millones de pesos, lo que hacía imposible que Arango firmara un pagaré por más de 1.500 millones de pesos.

Aparte de la posible falsedad del poder con el que representaron a Arango en la conciliación, Ruíz señala tajantemente que no es posible que el IDU haya intercambiado un título judicial por un acta de conciliación.

SEMANA buscó al IDU para que diera sus declaraciones y aseguró que “el trámite de pago se realizó con base en documentos que gozan de presunción de validez, los cuales fueron validados con las autoridades competentes”, e hizo llegar a SEMANA los documentos que probarían que la entidad efectivamente consultó la veracidad de los documentos en cuestión.

No obstante, de acuerdo con el certificado del pago a Víctor Hugo Jiménez Castro, el cual está en poder de SEMANA, el pago se hizo el 2 de junio de 2021, pero fue solo hasta los meses de octubre y noviembre de 2021 que el IDU preguntó a la Notaria 4 por la veracidad del poder con el que el abogado Viveros se presentó a la conciliación y al Ministerio de Justicia por la veracidad del acta de conciliación. Así consta en los documentos que el mismo IDU entregó a SEMANA.

De acuerdo con la apoderada legal Diana Ruiz, esas consultas de veracidad se hicieron solo después de que Gerona hiciera los reclamos respectivos por el pago del dinero.

El apoderado legal del IDU para este caso, Francisco Bernate, le aseguró a SEMANA que esta denuncia ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación y que el IDU se declaró como víctima en el proceso.

Lo cierto es Gerona sigue reclamando por el dinero que les correspondía y será la Fiscalía la que tenga la última palabra en este caso.