No fue nada fácil la asamblea extraordinaria de accionistas de la Triple A en la que se eligió a la nueva Junta Directiva de esa entidad. A través de su cuenta de twitter, el Presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) Daniel Rojas, dejó en evidencia el duro enfrentamiento que tuvo con la procuraduría durante la asamblea.
“Lamentable que la procuraduría haya intervenido en la asamblea de la triple A para prejuzgar nuestra lucha anticorrupción”, escribió Rojas en un trino, y luego continuó: “Los entes de control están para defender el patrimonio público, increíble que la respuesta a quienes actuamos con honestidad sea el amedrentamiento”.
El delegado del Ministerio público, Luis Ramiro Escandón, designado por la procuradora Margarita Cabello, pidió aplazar la asamblea con el siguiente argumento: “a fin de hacer una función preventiva para evitar la configuración de un daño antijurídico, dado que las acciones de la SAE están en un proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía”. A lo que se opuso férreamente el presidente de la SAE, Daniel Rojas.
En la asamblea tal y como se preveía, salieron todos los miembros designados en el gobierno Duque entre los que se encontraban, entre otros, Camilo José Abello Correa, y Andrés Avila, expresidente de la SAE.
Los nuevos miembros de la junta directiva son: Carlos Campillo Parra; Suplente Ariel Guevara Pabón; Nicolás Corso Salamanca, Suplente Álvaro Velásquez Caicedo; Diana Bernal Falla, Suplente Diana Toro Navarrete y Cristóbal Padilla Tejeda, Suplente Sandra Mejía García.
Según los estatutos, el presidente de la junta es el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y el suplente es Carlos Sarabia, actual gerente de la empresa de Alumbrado Público de Barranquilla. El pasado 1 de enero la SAE se abstuvo de ceder su participación accionaria en la Triple A hasta que no exista un pronunciamiento de la Contraloría General de la Nación.
“Le informamos a la opinión pública que nuestra decisión es la de abstenernos de ceder la participación accionaria hasta tanto no haya una declaración en firme de los órganos de control”, sostuvo Rojas.
Daniel Rojas expresó que es su deber como servidor público evitar que se perfeccione un presunto dolo al patrimonio del FRISCO que es el fondo que administra la SAE .
Por su parte el Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, reveló que la SAE le pidió hacer una valoración de la Triple A y que allí encontró unas presuntas vulneraciones al ordenamiento jurídico.
“Hemos visto que este proceso se hizo utilizando el mecanismo de la venta temprana cuando la ley establece este mecanismo como un mecanismo excepcional y por eso consideramos que puede encerrar un desconocimiento del principio de transparencia”, señalo Quiroga.
El 12 de enero la SAE le entrego a la ContralorÍa pruebas de un presunto detrimento en la venta de las acciones de Triple A de Barranquilla.
En la reunión, Rojas reiteró que “solicitó el apoyo y la asistencia técnica a la Superintendencia de Servicios Públicos para entender y actuar conforme a la ley, en el caso de la enajenación temprana de las acciones de la Empresa Triple A que administra la SAE.
En ese sentido, el concepto técnico concluyó hacer una valoración de la empresa con información interna, en el cual se identifica que la empresa tiene un valor superior al cual se hizo el negocio, lo que a nuestro juicio indica que hay presuntamente un detrimento patrimonial”.
El director de la SAE agregó que “nuestra labor como servidores públicos es evitar que se materialice esa presunción y por tal razón la decisión fue la de suspender el traslado de las acciones, hasta tanto no haya un pronunciamiento de la Contraloría que nos permita actuar de manera transparente”.