El periodista Rafael Moreno fue asesinado por un sicario en el departamento de Córdoba. Sobre él pesaban varias amenazas de muerte por hacer periodismo. Desde el medio de comunicación que fundó hace cinco años ventiló presuntos hechos de corrupción que lo habrían expuesto a las intimidaciones de los delincuentes, según lo alertó su familia.

La lupa de la víctima estuvo puesta sobre las contrataciones que se pactaron en las alcaldías de los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano. Del primero salió corriendo luego de recibir mensajes donde le anticiparon la muerte. La comunicación se hizo efectiva en el segundo pueblo el pasado domingo: un sicario le disparó en la noche.

Voces de Córdoba le sirvió para colgar cada una de las investigaciones que realizó. Las historias que publicó salieron del mismo método. Moreno escudriñaba en el portal digital de la Agencia de Contratación Pública los proyectos que recibieron dinero de la cartera de las dos localidades. Con el papel en la mano, salía a las calles a verificar las obras.

Los reportajes que habrían levantado ampollas tendrían relación con las inconsistencias que halló. Es decir, los resultados e inversiones que estaban descritas en los documentos no serían el reflejo de la realidad, así lo relató en varias oportunidades a través de su medio de comunicación. Las afirmaciones fueron aplaudidas y sentenciadas a muerte.

Uno de los casos más sonados fue el escenario deportivo que hace cinco años se está tratando de levantar en Montelíbano. Rafael Moreno lo bautizó como el “estadio de la eternidad”. Aunque los 15 mil millones de pesos que habrían sido invertidos debería tenerlo de pie, presuntos malos manejos en la administración lo habrían tumbado.

También encendió las alarmas por supuestas irregularidades en la ejecución de un contrato que buscaba ofrecer el transporte público a los estudiantes de Puerto Libertador. Aunque el documento público daría cuenta que el proyecto estaba en marcha con la financiación de más de 900 millones de pesos, en el pueblo no habría rastro de los buses.

Además, los manejos en la Gobernación de Córdoba pasaron por su radar. Desde su puesto de trabajo alertó sobre presuntas alteraciones en la proyección y ejecución del programa de alimentación escolar en el departamento. De igual manera, los presuntos sobrecostos que tendría en el olvido a un comando de la Policía Nacional en Montelíbano.

“Él también recogió la preocupación de la comunidad por la minería. Si bien las afectaciones al ambiente era lo principal, la asignación de las licencias lo fueron de la misma manera porque halló cosas raras. Las canteras ilegales fueron expuestas, ahí puso en evidencia a los grupos armados de la zona”, mencionó un periodista cercano a Moreno.

Las personas que fueron mencionadas en las investigaciones refutaban las conclusiones con ataques personales al periodista. Al parecer, habrían juntado perfiles falsos en las redes sociales con el fin de restarle valor a los estudios. Incluso, en una oportunidad un político lo habría señalado de frenar un proyecto estratégico por sus denuncias.

Uno de los nombres más repetidos en su medio de comunicación es el de Espedito Duque Córdoba, quien figuró como alcalde de Puerto Libertador en el anterior período electoral. A pesar de estar fuera de la administración, el periodista lo señaló en varias oportunidades de tener las riendas del pueblo. Su hijo es el secretario de Gobierno.

La víctima dejó varios estudios abiertos de presunta corrupción. Sus colegas serán los encargados de compartirlos con la misma rigurosidad que lo acompañaba, así concluyó un allegado del periodista que, por las amenazas que están activas y la vulneración a la que estarían expuestos, pidió guardar su identidad.