En los últimos días se han presentado bloqueos en la vía a Buenaventura (Valle del Cauca) por las comunidades indígenas de la zona, lo que ha generado millonarias pérdidas.

La obstrucción de la carretera se ha reportado en tres puntos: Cisneros, La Delfina, Loboguerrero y La Guinea; generando gran congestión vehicular en esas zonas tanto de vehículos particulares como de carga. Según las comunidades, decidieron tomar estas vías de acción de manera pacífica para reclamarle al Gobierno presencia en el territorio; aseguran que la población del sector, afectada por la temporada invernal, no ha sido atendida.

El bloqueo en la vía hizo que camiones de carga tuvieran que desviarse por Mediacanoa, vía que está habilitada solo para el paso de vehículos de carga pequeña, ocasionando retrasos en el recorrido de más de dos horas.

“Esta es una problemática muy grave para Buenaventura y su actividad comercial. Estos bloqueos ponen en riesgo el abastecimiento de la ciudad, pues el 80 % de los insumos, principalmente alimentos y gas, provienen del interior del país. Estamos prácticamente incomunicados”, aseveró Edwin Maldonado, director del Comité Intergremial del Valle del Cauca, quien añadió que por el tramo Medicanoa-Loboguerrero, transitan 3.000 vehículos y por la emergencia, la cifra aumentó a 4.000 aproximadamente.

Por su parte, Fredy Asprilla, director regional de Colfecar en Buenaventura, dijo que por causa de los bloqueos las pérdidas son de aproximadamente 5.000 millones de pesos. “Lamentablemente el Gobierno nacional no ha hecho presencia. El comercio exterior de Buenaventura está seriamente afectado y urge una solución”, sostuvo Asprilla.

Aunque en la tarde del lunes 21 de noviembre instalaron una mesa de diálogo con representantes de los gobiernos municipal y departamental, hasta este martes no han llegado a ningún acuerdo y la vía continúa cerrada en los puntos mencionados.

Por su parte, otro bloqueo permanece en la vía Panamericana a la altura de Guacarí, Valle. Comunidades étnicas de los valles interandinos manifestaron que de manera pacífica están exigiendo la presencia del gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro y sus ministros.

“Queremos iniciar una mesa de diálogo en un legítimo derecho de reivindicar nuestros derechos étnicos y nuestra identidad étnica cultural. De esta manera, buscar soluciones de fondo a las problemáticas locales, departamentales y nacional, y que hoy deben ser recogidas y solucionadas de formas perentorias”, indicaron por medio de un comunicado a la opinión pública.

Dentro del pliego de peticiones, exigen resolver de fondo las garantías de seguridad de líderes de las comunidades negras, también los procesos de indemnización de las víctimas con el decreto 4635 en atención a las comunidades negras e iniciar de inmediato el banco de proyectos para las comunidades negras.

“Exigimos la compra de tierras para reconocimiento de territorio colectivo para los consejos comunitarios, por parte de la agencia nacional de tierras; la apertura de las regalías para comunidades negras; ampliación del fondo especial Icetex de las comunidades negras”, reclaman.

Las autoridades étnicas también piden inclusión y participación de organizaciones y consejos comunitarios en los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) familias étnicas. Igualmente, el registro de organizaciones y consejos comunitarios, en los tiempos estipulados por la norma.

Otras de las peticiones que tienen es la entrega del estatuto aprobado de etnoeducadores, inclusión en el banco de proyectos de prosperidad social, revisión de los desplazamientos por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) a las comunidades rivereñas, condiciones dignas laborales para el gremio de mecateros.

“Pedimos la comisión especial de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República ante las irregularidades y atropellos cometidos por los secretarios de despacho de los gobiernos locales y departamental. También revisión en la desaparición de los recursos para comunidades negras en las administraciones locales”, indican.