“Durante el segundo semestre de 2023, (el mayor) presionó a la (cabo) C3 Rey, quien estaba en estado de embarazo, para que comprara dos radiadores para vehículos NPR a cambio de permisos extendidos. Aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, la suboficial realizó dos consignaciones de $ 600.000 cada una, totalizando $ 1.200.000. Estas acciones están documentadas con declaraciones y extractos bancarios”. Esta es tan solo una de las pruebas con las que cuenta la Fiscalía Penal Militar en contra del mayor activo del Ejército, Dayro Elkin Araújo.
El oficial fue capturado luego de que un juez de garantías de la justicia penal militar autorizara su detención en el fuerte militar de Tolemaida. Hasta allí llegaron funcionarios de la Fiscalía Penal Militar para hacer efectiva la orden de captura en su contra, pues las conductas del oficial eran graves.
Para poder justificar la captura contra el militar, la Fiscalía Penal recopiló pruebas, testimonios y otros documentos para asegurar –según la autoridad judicial– que el oficial habría incurrido en varios delitos al usar su cargo, posiblemente para beneficio económico personal.
En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía reveló otras de las pruebas con las que cuenta para vencer en juicio al militar. “En marzo de 2023 exigió al (soldado profesional) SLP Pérez Sepúlveda $ 800.000 a cambio de enviarlo a un curso de paracaidismo, una promesa que jamás cumplió. Posteriormente, en otra ocasión le solicitó $ 300.000 adicionales, sumando un total de $ 1.100.000″.
De acuerdo con la Fiscalía Penal Militar, “el mayor en su calidad de servidor público y aprovechándose de su posición jerárquica como Oficial de Operaciones, Ejecutivo y Segundo Comandante y Comandante Encargado del Batallón de Policía Militar N.° 5, teniendo más de 1.000 hombres y mujeres bajo su mando, entre los años 2023 y 2024, cometió múltiples actos ilícitos, configurando los delitos de concusión, cohecho propio y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto”.
Más pruebas
Otras de las pruebas presentadas por la Fiscalía ante el juez de control de garantías de la justicia penal militar que fueron presentadas al oficial luego de su captura indican que: “Solicitó y recibió pagos mediante consignaciones a su cuenta personal de Nequi y entregas en efectivo. La (soldado) SL Polo transfirió $ 375.000 a su cuenta, y entregó $ 780.000 en efectivo, sumando un total de $ 1.155.000, tal como consta en declaraciones y documentos financieros”.
Así mismo, señaló la Fiscalía que no solamente exigía dinero para permisos o traslados, sino que también lo hacía para obligar a sus subalternos a comprar elementos que no debía asumir el personal militar. “Entre julio y agosto de 2024 exigió dinero a soldados del batallón para adquirir 300 tablas destinadas a catres en alojamientos, a cambio de permisos. Recibió un total de $ 1.000.000 de varios soldados”.
Dentro de la acusación de la Fiscalía, se indicó que el mayor, al parecer, “en agosto de 2024, solicitó $ 900.000 al (soldado profesional) SLP Jaimes como condición para otorgarle un permiso de 30 días. El dinero fue transferido a través de Transfiya y corroborado con pruebas documentales y conversaciones de WhatsApp”.
Por estos hechos, un juez penal militar envío a la cárcel al oficial.