El Polo Democrático Alternativo (PDA) se levantó de la mesa de negociación con el Gobierno sobre el estatuto de oposición. El partido de izquierda aduce que así será “hasta que el Gobierno brinde las suficientes garantías electorales”, dijo la presidenta de esta colectividad, Clara López Obregón, durante rueda de prensa. El Polo solicitó al primer mandatario, mediante una carta enviada el 31 de enero, objetar la Ley 190 de 2010, “que en su artículo 47, en un cálculo en nada democrático, sacó del censo electoral a los militantes de ese partido”. “La maniobra consiste en que la ley determina que serán sacados del censo electoral los colombianos que no votaron en las elecciones del 20 de junio del 2010. Y se sabe que el PDA, haciendo uso de un derecho democrático constitucional, llamó a sus adherentes a no votar en dichas elecciones”, explica en su comunicación López Obregón. “Es obvio -agrega- que ningún período de inscripciones de cédulas que se aplique en los próximos meses será capaz de subsanar la exclusión que determina la ley, hecho que pone al PDA en enorme desventaja para las elecciones de octubre próximo”. ¿Por qué el reclamo? El partido de izquierda se refiere a un monumental ‘mico’ que cambió las reglas de juego para la constitución del censo electoral, que es el conjunto de cédulas de ciudadanía de personas habilitadas para votar en determinado lugar. En el proyecto de la ley 190 de 2010, que reglamentó la Reforma Política, se incluyó un artículo que restringió el censo electoral. Lea el proyecto de leyaquí. No obstante, esta norma está en su etapa de revisión en la Corte Constitucional. Si la Corte declara exequible el texto, el censo quedaría conformado por el número de cédulas de las personas que votaron en las elecciones anteriores al certamen electoral, más las cédulas expedidas, más quienes se inscriban. De esta manera, el censo electoral se reduciría en una gran proporción. La regulación anterior a la reforma define que el censo electoral se conforma por el número de personas aptas para votar así: Los mayores de 18 años, que no han sido condenados por ningún delito y que no pertenecen a la fuerza pública, más los que han adquirido la nacionalidad colombiana. Además, desde el año 1990 la ley estableció que el censo electoral sería calculado a partir del número de cédulas que se expidieron a partir de 1988, más las que se expiden cada año. Hasta este momento, la Registraduría calcula que son cerca de 30 millones de personas. Sin embargo, si se aprueba la ley que reglamenta la reforma política, el censo quedaría conformado por las 15 millones de cédulas de personas que votaron; más las que recibieron su cédula por primera vez después de las elecciones; o sea, casi un millón de personas, más las que se inscriban nuevamente. La razón de la molestia del Polo es que en las elecciones pasadas instó a sus seguidores a que no votaran, como señal de rechazo a los candidatos Juan Manuel Santos y Antanas Mockus. Ahora esos electores quedarían por fuera del censo. Las consecuencias La reducción del censo electoral fue motivo de debate en el 2009 y a comienzos del 2010, pues en ese momento estaba en discusión el referendo que buscaba la segunda reelección de Álvaro Uribe. Según los cálculos de los uribistas, si se declaraba constitucional el referendo había que buscar la manera de hacer menos rígida la ley para que la consulta alcanzara el número de votos necesario. Entonces se habló de “depuración” del censo. No obstante, en ese momento, ni el referendo reeleccionista ni las propuestas para modificar el censo electoral prosperaron. En la rueda de prensa el senador Jorge Robledo, del Polo, se preguntó: “¿Qué se guarda el presidente Santos debajo de la manga? Porque es obvio que con esta ley se logra reducir el umbral tanto para las elecciones de cuerpos colegiados como para un referendo”. El problema, como lo señala Robledo, es que si se aprueba la norma como salió del Congreso, los requisitos para las consultas serán más laxos. Pero, además, la aprobación de la norma tendría repercusiones presupuestales. El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, adujo el pasado 14 de enero en una entrevista con Caracol Radio que con la reglamentación de la reforma política “habría una inscripción masiva de cédulas” y advirtió que la Registraduría no cuenta con los recursos necesarios. El otro problema es que si la Corte Constitucional se pronuncia después de la fecha de inscripción (entre el 2 de marzo y el 29 de mayo), quienes no se inscriban y no hubieran votado en el 2010 no podrían votar, lo cual podría aumentar la abstención. Más en un país donde la cultura política es precaria. Ya lo habían advertido Sin embargo, no deja de llamar la atención que el PDA se pronuncie hasta ahora, mes y medio después de la aprobación de la norma en el Congreso. En una entrevista titulada “Habrá un nuevo censo electoral”, publicada el 23 de diciembre por el diario El Tiempo, el registrador había advertido el alcance de la reforma. Ahora, al Polo y a los electores que no votaron en las elecciones pasadas pero que quieren hacerlo en las próximas, les tocará esperar el pronunciamiento de la Corte. Si ésta declara exequible la norma, deberán inscribirse nuevamente, con todas las dificultades que eso implica.