En medio del juicio disciplinario que se reanudará este martes 23 de abril contra el suspendido canciller Álvaro Leyva por el proceso de los pasaportes, SEMANA conoció que el próximo 8 de mayo, en menos de 15 días, se termina la medida cautelar que le impuso la Procuraduría para que saliera del cargo por tres meses mientras avanzaba el proceso.
Fuentes cercanas al canciller Leyva revelaron que la defensa está analizando todas las posibilidades para solicitar la anulación de la suspensión que la propia Procuraduría, a cargo del procurador Ernesto Espinosa, quien lleva el caso, podría decidir en las próximas diligencias del juicio prorrogar por un nuevo tiempo la suspensión que ya ha tenido por casi tres meses por fuera al titular de la cartera de Exteriores.
La nueva decisión que se pueda tomar contra el ministro Álvaro Leyva se da en medio de las diferencias que estarían existiendo al interior del gabinete de Relaciones Exteriores alrededor de que no retomaría sus funciones, apenas finalice el periodo de suspensión.
Antes de que se acabe la medida cautelar contra Leyva, la Procuraduría ordenó recolectar pruebas documentales y testimoniales para avanzar en el proceso por las presuntas irregularidades en la entrega del millonario contrato que tenía como fin la elaboración de los pasaportes en Colombia.
Entre los principales testimonios se va a citar a declaración a la exdirectora de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado (ANDJE), Martha Lucía Zamora, quien salió de su cargo tras buscar una conciliación con Thomas Greg & Sons, para que cuente la participación que tuvo dentro de ese proceso y las irregularidades que halló en la celebración de ese contrato que tuvo riesgos tras declararse desierta la primera licitación.
El procurador Espinosa, explicó que ese testimonio es necesario dentro del juicio disciplinario por “hubo una instrucción, una directriz, una recomendación por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de la cual se ha hecho mención en el pliego de cargos, por eso se va a convocar a pesar de no ser miembro del comité de conciliación a la doctora Martha Lucía Zamora para que se amplíe la declaración que dio el 6 de diciembre de 2023 en la investigación disciplinaria”.
Además de que el canciller Leyva pueda seguir suspendido por este escándalo, a la Cancillería también le toca defenderse de la demanda que presentó Thomas Greg por una indemnización de 115.000 millones de pesos por los perjuicios que le provocó a la multinacional que el Gobierno de Gustavo Petro declara desierta la licitación en ese proceso licitatorio.
En dicha demanda T&G detalló que “con ocasión de la petición radicada el 5 de marzo de 2024 por la unión temporal Pasaportes 2023 ante el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para obtener la suscripción del contrato, dicho fondo no accedió por considerar que la decisión de revocar las resoluciones que aquí se controvierten fue adoptada con posterioridad a la competencia asumida por esta jurisdicción”.
Para el proceso de testimonios que citará la Procuraduría dentro del juicio disciplinario, la defensa de Leyva pidió que se escuchara en versión libre al actual ministro de Exteriores (e), Luis Gilberto Murillo; al exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, quien terminó envuelto en una controversia con el propio presidente Petro por emitir una resolución para adjudicar en una segunda ocasión a Thomas Gereg & Sons; y a Juan Pablo Estrada, el abogado de la multinacional.