Desde hace dos años, fecha en que fue suspendida la obra, la posible demolición del edificio Aquarela ha naufragado entre acciones judiciales y decisiones administrativas no ejecutadas. Por tal motivo, la Procuraduría anunció que abrió una investigación en contra del alcalde (e), Pedrito Pereira, por un posible desacato. El mandatario se defendió diciendo que su administración es la única que ha tomado decisiones reales sobre el caso y anunció que antes de que termine el año quedará lista la orden de demolición.Según el organismo de control, “esta, como administraciones que le han antecedido, ha omitido su deber de proteger a la ciudad frente a esta obra, que pone en riesgo el valor excepcional de Cartagena como patrimonio mundial, cultural y natural”. Además, la Procuraduría lamentó que Pereira no haya cumplido la orden judicial de contratar a la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) para llevar a cabo la restitución del espacio público ordenada por una inspección municipal.Le puede interesar: La razón por la que Cartagena podría dejar de ser Patrimonio de la Humanidad.Pereira respondió a la Procuraduría que tiene claro que el término establecido para que la Sociedad Promotora Calle 47 S.A.S. realizara la restitución de los 619 metros de espacio público ya se cumplió, pero la constructora no la ejecutó amparándose en la decisión judicial que ordenó no realizar ningún tipo de trabajo en la obra.De este modo la responsabilidad de la restitución recae, por ley, sobre la Alcaldía de Cartagena. La administración argumenta que en el momento que la Procuraduría dio la orden de contratar a la SCI no se pudo hacer porque entró en vigencia la Ley de Garantías, pero que ya le fueron solicitados a la Secretaría de Infraestructura los estudios técnicos especiales para definir el método de demolición adecuado para una obra de tal magnitud y que se encuentra en en un entorno de valor cultural.En diálogo con SEMANA, Pereira señaló que lo que sí está claro es que para llevar a cabo de forma efectiva la restitución ordenada el único camino que queda es la demolición del edificio y que hará todo lo posible para que esta se ejecute antes que acabe el año, o, por lo menos, que quede contratada para la nueva administración. La intervención se haría a través de la Secretaría de Infraestructura directamente y no con SCI.La historiaEl embrollo legal empezó luego de que una comisión de la Unesco hiciera observaciones en 2017 por la construcción del edificio en el entorno cultural protegido de la ciudad, en cercanías al Castillo San Felipe y las murallas del centro histórico. Estos señalaban los posibles problemas que le podría originar a Cartagena como ciudad Patrimonio de la Humanidad por su valor cultural excepcional. Esto desembocó en la suspensión de la obra a finales de ese año.Le recomendamos: Tambalea el caso Aquarela en Cartagena.Luego Colombia presentó un informe de las medidas tomadas en el caso de Aquarela que fue estudiado por la Unesco en la reunión del Comité de Patrimonio Mundial que sesionó en 2018, en Azerbaiyán. Allí, a través del Ministerio de Cultura y la Cancillería el país se comprometió a tomar las medidas necesarias.Los compromisos también incluyen la presentación de un informe antes del 1 de diciembre de 2020, no sólo del caso Aquarela sino del estado de todos sus bienes patrimoniales. De esta dependerá que Cartagena no pierda su declaratoria especial, que será definida en el encuentro de revisión de Patrimonio Mundial que se llevará a cabo en 2021.