La Fiscalía logró identificar a los personajes, sus roles y todo lo que hicieron para quemar la Registraduría en el municipio de Gamarra en el departamento de Cesar, un día antes de las elecciones. Entre los detenidos están varios líderes políticos de la región que habrían participado en el plan para convertir en cenizas todo el material electoral.
El ente acusador identificó que Julio Rojas Marín, candidato al Concejo de Gamarra y que sacó apenas 44 votos en las pasadas elecciones, fue quien, según la Fiscalía, golpeó a la registradora municipal con puño y patadas, y destrozó papeles, computadores y otros elementos.
“Se trata de Isaías Peña Oliveros, Yuberlis Bermúdez Rubiano, William Castro Torrado y Wilfrido Campos, a quienes una fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa e incendio. El otro investigado es Julio Rojas Marín, imputado por el delito de violencia contra servidor público”, dijo la Fiscalía al imputar cargos contra los capturados.
El propio fiscal Francisco Barbosa entregó detalles de los operativos para lograr la captura de los presuntos responsables del incendio y de cómo se orquestó el plan para atacar la sede electoral, justo cuando se tenía todo listo para las elecciones. Se trató de una estrategia criminal premeditada.
“La investigación da cuenta de que la mañana del pasado 28 de octubre, un grupo de personas se congregó en una estación de servicio de Gamarra y marchó por una decisión que consideraba contraria a sus intereses políticos”, dijo el jefe del ente acusador una vez se cumplieron con las órdenes de captura.
Junto al candidato, también fueron capturadas otras personas, conocidas en el municipio por su actividad política y de movilización, en protesta a diferentes decisiones que consideraban contrarias a sus intereses, bajo la falacia de representar a la comunidad, hecho que quedó desvirtuado con la misma investigación de la Fiscalía.
Entre otros capturados se resalta la participación de Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlis Bermúdez Rubiano, quienes, según el ente acusador, habrían ocultado y trasladado un galón de gasolina en un coche de bebé. El mismo elemento que fue utilizado para incendiar la Registraduría en un acto criminal que acabó con la vida de una funcionaria.
“Por su parte, William Castro Torrado y Wilfrido Campos son señalados de recibir el combustible y ayudar a la persona que lo roseó e inició el fuego, que terminó por ocasionar la muerte a una servidora, generar graves heridas a otros funcionarios e incinerar la sede de la entidad”, señaló la Fiscalía.
A todos la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa e incendio. Solo en el caso de Julio Rojas Marín, la imputación fue por el delito de violencia contra servidor público. Un juez concluyó en la responsabilidad y la necesidad de una medida de aseguramiento.
“Los procesados no aceptaron los cargos y, en atención al contundente material de prueba aportado por la Fiscalía, una juez de control de garantías les impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad, para Rojas Marín en su lugar de residencia y para los demás en establecimiento carcelario”, dijo la Fiscalía