SEMANA conoció el documento de 78 páginas con el que el magistrado Misael Rodríguez, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, le abrió investigación formal y llamó a indagatoria a los cinco congresistas y a un excongresista que hacían parte de la comisión de Crédito Público y terminaron salpicados en el escándalo de la UNGRD. El revelador expediente ahora deja mal parados a ministros del presidente Petro.
Los congresistas terminaron salpicados tras los señalamientos de Sneyder Pinilla y Olmedo López, el pasado 15 de julio de 2024 en la Fiscalía General de la Nación, que con terminaron en una investigación formal contra el representante Wadith Manzur, Karen Manrique y Julián Peina; los senadores Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo; y el exrepresentante Juan Diego Muñoz.
Todo estaría relacionado con una “dádiva” que habrían recibido por medio de la contratación de la UNGRD en tres departamentos, a cambio de que los congresistas que integraban la comisión de Crédito Público dieran conceptos favorables sobre las operaciones presentadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Para que el magistrado Rodríguez decidiera continuar con la investigación formal, cita el expediente, contó con pruebas como el informe semestral de Cupos de Endeudamiento y Garantías de la Nación de 2023, presentado por el Ministerio de Hacienda, las certificaciones que vinculan para la época de los hechos a los congresistas y hasta expedientes contractuales de la disponibilidad presupuestal de los municipios El Carmen de Bolívar (Bolívar), Cotorra (Córdoba) y Saravena (Arauca).
Uno de los apartes más contundentes del auto que expidió la Corte señala: “Al final de la investigación previa, hay elementos que indican que Wadith Manzur, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Karen Manrique, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, posiblemente, habrían aceptado los términos de un acuerdo negociado con funcionarios integrantes del alto Gobierno nacional”.
El expediente en poder de SEMANA destaca que durante el final del segundo semestre de 2023, los congresistas, en su condición de integrantes de la comisión de Crédito Público, habrían aceptado emitir conceptos sometidos a consideración por “el ministro de Hacienda (Ricardo Bonilla), a cambio de una dádiva prometida, concretamente bajo la forma de proyectos de obra e interventora que se adelantarían en la UNGRD”.
Hay que recordar que esa coima aparentemente ofrecida y aceptada por algunos de los congresistas mencionados, estaría relacionada con el desarrollo de tres proyectos de la UNGRD en los municipios de Cotorra, Saravena y el Carmen de Bolívar por más de 92 mil millones de pesos.
“Es posible que, luego de la aceptación de la presunta dádiva ofrecida en virtud del acuerdo, tanto funcionarios de la rama Ejecutiva como aforados involucrados en la aceptación de lo negociado, hayan desplegado actividades de seguimiento al cumplimiento de la dádiva prometida y aceptada”, cita el expediente de la Corte Suprema.
La Sala de Instrucción también detalló que entre noviembre y diciembre de 2023, existió una posible negociación y aceptación de dicho soborno, que involucraría a los aforados investigados con funcionarios del Gobierno Petro, en un posible “esquema ilegal de compra de la función legislativa”.
La Corte resalta que para esa época, según versiones de los exdirectivos de la UNGRD, existía una preocupación en el gobierno por las reformas y leyes que se empezaban a estancar, y que en ese momento, la entidad no estaba haciendo nada para ayudar en esas iniciativas y que se “tomarían” recursos de la Unidad para “cumplir temas de Congreso”.
En el expediente también se destaca que durante 2023, la comisión de Crédito Público emitió 23 conceptos que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sometió a la consideración de esa instancia. En el documento también se cita: “Destaca la ocurrencia de distintas interacciones entre congresistas aquí investigados con la asesora Benavides Soto (asesora del ministro Bonilla), dentro del periodo en el que habría ocurrido el posible seguimiento a la materialización de una dádiva posiblemente aceptada y esperada por los aforados”.
La Corte también tiene un audio en el que se escucha a Diana Martínez Joya, asesora y secretaria del entonces director de la UNGRD, Olmedo López, en el que le dice al exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla que hable con López sobre los tres proyectos que se están moviendo en los municipios.
“A mí me manda esto el asesor del Congreso del ministro del Interior (Luis Fernando Velasco) y el del doctor Carlos Ramón Gonzáles del Dapre. Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director (Olmedo López) los atienda. Entiendo que él es el enlace del Congreso de ellos dos”, se lee en el auto que expidió el alto tribunal.
Así mismo, del audio se destaca “Me llama a decirme que es importantísimo que atendamos a estos tres alcaldes, porque, si no, se les cae... no sé qué. Se les cae lo que están haciendo en el Congreso”.
En los seguimientos de la investigación se han obtenido cámaras de seguridad que registraron encuentros del ministro de Hacienda, el exministro del Interior y de los asesores que han salido salpicados en este escándalo de corrupción que ha sacudido al Gobierno Petro.