El anuncio de un cese multilateral al fuego con las organizaciones criminales que más producen derramamiento de sangre en el país ha dado rayos de esperanza para reducir los homicidios de líderes sociales, los enfrentamientos entre combos y los crímenes contra integrantes de la fuerza pública, entre otros.
Sin embargo, hay sectores que advierten los riesgos que esto puede generar si no se fijan reglas de juego claras desde el inicio. Son cerca de 18.000 hombres que conforman estas agrupaciones y están ubicados en las zonas donde coinciden las rentas criminales (ver mapa).
Producción de cocaína, tráfico de marihuana, minería ilegal, secuestros, extorsiones, homicidios, boleteo, tráfico de migrantes y de armas, es el coctel que representan estas organizaciones.
El Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia, el ELN, los Pelusos, los Pachely, las oficinas de cobro como la de Envigado o Valle de Aburrá, como se le conoce ahora, se quieren subir al bus de la paz total, pero no es claro si sus intenciones son contribuir con la pacificación, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro o, por el contrario, tienen una intención escondida de evitar el accionar de la fuerza pública en los territorios para poder fortalecer sus negocios. Como suele suceder en las negociaciones.
Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), aseguró que es claro que si se pacta un cese multilateral con las organizaciones debe ser no solamente para que bajen los niveles de violencia en el país, sino para que esas estructuras frenen sus acciones ilegales. “Son cosas que tienen que hablarse de manera clara, no puede haber un cese multilateral para que continúen las acciones criminales, pero son riesgos y se tienen que afrontar”, dijo Posso.
Como dice el experto, los riesgos son grandes y no es para menos. Se estima que el Clan del Golfo tiene 13 frentes, más de 4.000 hombres, hace presencia en más de diez departamentos y más de 100 municipios. Sus regiones fuertes son el Urabá antioqueño y el chocoano, el sur de Córdoba y zonas urbanas y semiurbanas del Bajo Cauca, además de sus conexiones internacionales con carteles de droga.
La situación no es diferente para las disidencias de las Farc, que hacen presencia en 18 departamentos. Se han dividido en tres grandes grupos. La Segunda Marquetalia, con más 1.300 hombres armados; las disidencias de Iván Mordisco, con más de 2.500 hombres en sus filas; y el Comando Coordinador de Occidente, con las estructuras Jaime Martínez, Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Urías Rondón, que tienen un aparato armado de 2.000 hombres; su fortín es el departamento de Cauca. Jesús Arciniegas, experto en conflicto en el departamento de Nariño, no tiene una mirada tan optimista del cese multilateral y de la paz total.
Aseguró que hay una atomización de grupos delincuenciales en su región con la presencia de cerca de 15 agrupaciones armadas que se dividieron los controles de las vías, buscando formar un corredor criminal en lo que conoce como el triángulo de Telembí, en los municipios Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán.“Un cese multilateral es muy difícil de controlar y hablar de paz total es complejo, los grupos criminales tienen intereses de narcotráfico, tráfico de migrantes y minería ilegal.
Hay una atomización de estructuras preocupante”, concluye el experto. La radiografía es clara, el país está lleno de organizaciones ilegales, negocios criminales que les generan millonarias ganancias, miles de hombres en armas a los que ahora el Gobierno les extiende la promesa de formar parte de la paz total. Una generosa propuesta que apunta a silenciar los fusiles, pero que tiene del otro lado una máquina de guerra cuyo combustible, la cocaína, no se ha dejado de despachar.