La cantidad de información que fue “liberada”, según el autodenominado grupo hacktivista Guacamaya Leaks, no tiene comparación para una entidad pública en Colombia. Millones de correos electrónicos quedaron en la nube y en ellos toda la información sometida a reserva en extensos expedientes que tiene la Fiscalía en el país. Son más de 38.000 carpetas, cada una comprimida como bodega de decenas de archivos con datos confidenciales.
SEMANA tuvo acceso completo a las miles de carpetas y la información contenida que resulta exagerada en cantidad y organizada de la A a la Z. En los archivos hay correos con documentos adjuntos que comparten funcionarios de la Fiscalía. Hay desde citaciones a imputación de cargos, hasta resultados forenses. Seguimientos, informes de policía judicial, solicitudes y resultados de interceptaciones telefónicas, pruebas de balística, interrogatorios y conclusiones de investigaciones en todo el país.
La Fiscalía se anticipó a emitir un comunicado donde advierte de un “evento de seguridad” a su infraestructura tecnológica y “activos” de información. Lo que no queda claro en esa respuesta es la dimensión de la filtración. Se trata de una intromisión monumental a la entidad encargada de las investigaciones penales y con la información, en teoría, más sensible del resto de instituciones.
“Fue abierta una investigación penal para esclarecer la presunta ocurrencia del evento de seguridad, disponiéndose la conformación de un equipo interdisciplinario encabezado por fiscales especializados en delitos informáticos e investigadores y peritos con amplia experiencia forense en la materia, el cual tendrá a su alcance los medios tecnológicos de última generación para realizar las verificaciones necesarias”, dijo la Fiscalía en su comunicado.
El hackeo
Cada carpeta, de las 38.000 que fueron “liberadas”, es un archivo comprimido con decenas de correos electrónicos que contiene todo tipo de información. En los archivos hay simples notificaciones, pero también documentos que desde el propio mensaje advierte de su confidencialidad, los mismos que ahora están abiertos en la red.
El hackeo está organizado de la A a la Z se trata de los remitentes y destinatarios en un cruce de correos electrónicos, la herramienta más usada por los funcionarios de la Fiscalía para cumplir con su rutina, que no es común; se trata de investigaciones donde incluso se revelan los secretos protegidos en la reserva procesal.
Los documentos están guardados en cada correo, pero basta con descargarlos para acceder a ellos y su contenido. Básicamente, queda a un clic acceder a la información que por años la Fiscalía custodió con tanto recelo y quedaron como sencillos elementos para navegar en el mar de datos, comunicaciones y documentos que se supone estaban bajo recaudo de la justicia.
Con esta filtración resulta muy simple, irónicamente, acceder a la información reservada de la Fiscalía. Los documentos aparecen como archivos y en cada correo identifica el destinatario, el funcionario o particular que requiere los datos. La vulneración a la ciberseguridad de la Fiscalía es abrumadora, solo basta con ingresar al espacio donde fue alojada para espantarse de la cantidad y el tiempo que requiere navegarla por completo.
Guacamaya Leaks
“No somos defensoras de la naturaleza, ¡somos la naturaleza!”, así arranca un comunicado de quienes se autodenominan Guacamaya Leaks, los hacktivista responsables de este hackeo. Lo lanzaron cuando informaron la infiltración a la Fiscalía de Colombia. En ese comunicado explican porqué escogieron al país como base de este hackeo y a la Fiscalía como víctima del mismo.
“Un país azotado por las múltiples expresiones de violencia presentes desde la invasión occidental de 1492, la posterior ‘independencia’ y deuda adquirida por gobiernos criollos a Estados Unidos. Es una nación que, hoy en día, es de interés para el norte global tanto en su diversa riqueza, como porque representa un punto estratégico para el comercio y para el control a Centro y Sur América”, advierte el comunicado.
Se trata de una proclamación ciber revolucionaria que puso en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones encargadas de la seguridad y la investigación en Colombia, pues atacar a la Fiscalía tiene varias interpretaciones desde el punto de vista de los expertos consultados por SEMANA:
Primero, golpear la ciberseguridad de una entidad como la Fiscalía es una clara muestra de que si llegaron al ente acusador, una robusta entidad que gasta millones de pesos para garantizar su seguridad informática, básicamente nadie está a salvo. Segundo, la filtración de información reservada se convierte en una metáfora de revolución que los autores del hackeo quieren hacer extensivo.
“Debe quedar claro que la política criminal del Estado comienza en las oficinas de la Fiscalía, siendo uno de los organismos más corruptos del país. Por allí pasa y se controla toda clase de crímenes: lavado de imagen, retención de pruebas, falsos procesos, incriminaciones, entramados con narcotráfico y paramilitarismo, espionaje, persecución política, asesinatos, etc.”, advierte el comunicado de Guacamaya Leaks.
La dimensión de la información requiere de meses de consulta y aunque buena parte de los correos contiene datos superfluos, rutinarios para la Fiscalía, como autorizar la entrada de una persona a las sedes del ente acusador, también es claro que en el mar de correos hay información que debía permanecer bajo reserva.