El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, calificó el fallo, en segunda instancia de la Contraloría General de la República sobre Hidroituango, como un fallo histórico tras señalar que con la decisión “hace que los responsables paguen y no se salgan con la suya”.
El mandatario dijo que la decisión el organismo de control “prueba que estábamos en el camino correcto y hace justicia”.
“Este es un fallo histórico porque por primera vez en la historia de EPM, los responsables de daños y sobrecostos altos en proyectos de la empresa, tienen que pagar por ellos”, señaló en un intervención pública.
Agregó que “este es un fallo histórico porque a pesar de las presiones políticas, de las dilaciones de las demoras que nos pusieron, de todas las estrategias políticas, de revocatorias y otras, pues se avanza para que los responsables paguen y no se salgan con la suya”.
“Garantiza que en el futuro esto no le vuelva a pasar a EPM, que no haya gente que le haga daño y (que) luego se pueda salir con la suya”, indicó.
Insistió en que “este es un fallo histórico porque no permite que los poderosos se salgan con la suya, que hace que quienes cometen daños tengan que pagar con sus propios recursos, con su propia plata”.
“Nunca debieron cambiar los diseños. Nunca debieron bajar la calidad de los materiales. Nunca debieron tomar decisiones irresponsables. Nunca debieron intentar ocultar la verdad”, señaló.
Además de su intervención pública, Quintero se refirió a la decisión de la Contraloría a través de su cuenta en Twitter, tras reiterar que desde la oposición a su gobierno se buscaba favorecer a quienes fueron vinculados por el organismo de control en las presuntas irregularidades en el proceso de construcción del complejo de Hidroituango.
“La oposición en Medellín representada en el pacto de Chuscalito por el Uribismo y el Fajardismo se unieron para defender a los hoy condenados por Hidroituango, revocar nuestro mandato y devolverle EPM al GEA. El tiempo nos va dando la razón”, señaló.
Finalmente dijo que “garantizaremos la continuidad de la obra y su entrada en operación el próximo año”.
Declaración de EPM
Entre tanto, Empresas Públicas de Medellín, EPM emitió un comunicado sobre la decisión de la Contraloría General de la República, en el que señala que la empresa estudiará con su equipo técnico, jurídico, financiero y de riesgos los efectos del fallo “siempre bajo la premisa del respeto por las decisiones de los entes de control”.
La compañía indicó que conoció a través de los medios de comunicación el fallo de segunda instancia dentro del proceso de responsabilidad fiscal por el caso del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, de modo que, con su equipo técnico, jurídico, financiero y de riesgos, estudiará el fallo, siempre bajo la premisa del respeto por las decisiones de los entes de control.
“Una vez analizado, EPM implementará las acciones necesarias para mitigar los efectos que pueda producir en relación con el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango e informará al mercado sobre las implicaciones que la mencionada situación pueda causar en el desarrollo de éste y el proceso de ajuste del siniestro”, indicó.
Puntualizó señalando que “debido a que el fallo no se encuentra en firme y ejecutoriado, los contratistas deben cumplir con las obligaciones contractuales que se encuentran vigentes en los diferentes contratos”.
Fallo de la Contraloría
La Contraloría confirmó este viernes el fallo con responsabilidad fiscal por $ 4,3 billones.
Se trata de un fallo de segunda instancia que ratifica la responsabilidad de 26 personas, entre naturales y jurídicas, incluidas las empresas que hacen parte del consorcio que construye actualmente la hidroeléctrica, CCC Ituango, con el cual hacía apenas unas horas se había logrado un preacuerdo para prorrogar por 8 meses más el contrato, el cual vence el 31 de diciembre de 2021.
La Contraloría General ratifica el fallo, en segunda instancia, a título de “culpa grave”. Es decir, confirma la decisión que había tomado en septiembre de este año, cuando vinculó a 26 funcionarios y contratistas.
Para el organismo de control, en los hechos ocurridos alrededor del proyecto Hidroituango hay un daño patrimonial contra el Estado, debido a los sobrecostos y la falta de generación de energía, por los tropiezos en los avances del cronograma de terminación de la hidroeléctrica, debido a la declaratoria de contingencia en 2018.
Según el auto emitido por la Contraloría General, hay una confirmación del efecto del daño causado, por lo cual, establece las cifras que tendrán que pagarse por: “destrucción del valor de la inversión por mayores valores injustificados: $ 3,1 billones. Lucro cesante: $ 1,1 billones”. Es decir, la cifra total queda en $ 4,3 billones.
Los imputados
Hay que señalar que en la lista figuran políticos como Sergio Fajardo (presidenciable), Luis Alfredo Ramos (el fallo ratifica que su vinculación se trata de grado de consulta sin responsabilidad fiscal), y Aníbal Gaviria.
También están los nombres de las empresas Coninsa Ramón H. S. A.; Constructora Camargo Correa y Conconcreto, las empresas integrantes del consorcio constructor, que tendrían una prórroga del contrato, por 8 meses más, a partir del 1 de enero. En tal caso, se abre el interrogante de qué pasará ahora.
También hay que recordar que, en días pasados, Sergio Fajardo había presentado una recusación contra el contralor Felipe Córdoba, en el curso de la investigación que contra él adelantaba la Contraloría General por las irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica.
La recusación fue negada, lo que al parecer, abrió el camino para que la Contraloría siguiera el camino y emitiera el fallo de segunda instancia que se conoce hoy.