Ahora que ya terminó el año escolar, se hacen balances de este 2022 y se proyecta lo que podría ser 2023, SEMANA le pone atención a lo que sucede con quienes culminaron sus estudios de secundaria.
La razón es que garantizar el acceso y la permanencia en la educación superior sigue siendo una de las tareas pendientes más importantes del sector en Colombia. Según el Ministerio de Educación Nacional, en 2021 se matricularon 2.448.271 estudiantes. Si bien esta cifra representa un incremento del 3,93 % con respecto a 2020, generar oportunidades para que los bachilleres puedan seguir estudiando, especialmente quienes se encuentran en poblaciones ubicadas en zonas rurales o en condición de vulnerabilidad, es un verdadero desafío a corto, mediano y largo plazo.
Explicó al respecto la viceministra de Educación Superior, Aurora Vergara, que los incrementos en acceso deben venir acompañados de estrategias efectivas para el bienestar de las poblaciones en las instituciones de educación superior y “por esa vía contribuir a una menor deserción y a una mayor tasa de graduación en los tiempos que los programas tengan estipulados”.
Precisamente, el Ministerio de Educación ha planteado, a través de cuatro líneas estratégicas, el aumento de cobertura, la revolución de la infraestructura educativa, la educación de calidad y pertinente, y fortalecer el sistema de formación docente.
En relación con la primera, explica Vergara, el Gobierno anunció una ampliación del sistema de educación superior en 500.000 cupos en los próximos cuatro años. Lo anterior, señala, demandará movilizar a todo el sistema educativo.
“Se debe involucrar a las instituciones de educación superior, públicas y privadas, revisar y actualizar la pertinencia de la oferta educativa para los territorios y contar con las condiciones adecuadas y de calidad para lograr atender las demandas que la sociedad nos ha transmitido”, añade.
Educación en los territorios
La viceministra destaca como prioridad de este Gobierno la presencia de la educación superior con oferta pertinente y de calidad en los territorios, especialmente en zonas como los municipios PDET, de vocación rural y rural disperso: “En general, instrumentos que faciliten el acceso a grupos, poblaciones que históricamente han sido marginalizadas de la educación superior”.
Para lograr ampliar la cobertura, Vergara agrega que la gratuidad en la matrícula en la educación superior pública será un instrumento fundamental que beneficiará no solo a los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, sino a otros grupos poblaciones como víctimas del conflicto armado, reincorporados, entre otros.
“Aspiramos que estos recursos de gratuidad se acompañen también de recursos a las instituciones de educación superior para mejorar su funcionamiento e inversión. También estamos articulando esfuerzos para que la oferta de educación superior del Sena, la Esap y otros actores públicos se sumen a este propósito de país”, puntualiza.
Por último, la funcionaria resalta que el proyecto de la paz total es el mismo de la educación con equidad territorial, como lo ha dicho el ministro de Educación, Alejandro Gaviria. “En ese sentido, potenciar el acceso de los jóvenes a la educación superior es una necesidad propia del anhelo de paz de todos los colombianos y colombianas”.
Cooperación para la educación superior en el exterior
El pasado 12 diciembre, la viceministra de Educación Superior finalizó su agenda en Estados Unidos anunciando el fortalecimiento de relaciones con autoridades de facultades y centros de investigación del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Harvard University, con el objetivo de “articular acciones de intercambio académico y abrir oportunidades de investigación para científicos y científicas colombianas”, dijo.
Ahora, entre los expertos que asistirán a la conversación, está la viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, Yesenia Olaya, quien ha impulsado desde sus estudios esa continuidad de formación en población históricamente más afectada para aportar a este diálogo.
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