Hacia las 8:00 a. m. de este miércoles 6 de julio quedó reprogramada la continuidad de la audiencia preparatoria de juicio en la Corte Suprema de Justicia, en el proceso que se adelanta contra Richard Aguilar Villa, exgobernador de Santander, quien es investigado por, presuntamente, participar en millonarios contratos de infraestructura durante su mandato (2015-2017).

El mes pasado se dio inicio a esta audiencia, en la que no se pudo conocer la totalidad de las evidencias debido a que, según el abogado defensor, Iván Cancino, las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación estaban comprimidas en un software de difícil acceso, lo que no permitió observarlas con facilidad.

“Tiene la obligación de darme los elementos para mirar y no es responsabilidad mía conseguir un programa para abrirlo, ni más faltaba que la Fiscalía pueda usar cualquier programa y yo tenga que comprarlo, ese argumento es sacado de toda la lógica y la procesabilidad”, señaló Cancino en la audiencia del 7 de junio.

Por su parte, la fiscal del caso señaló en su momento que “el señor defensor dijo que hay que abrir esos archivos y tiene razón, porque hay Teras que están comprimidas. Pero que los archivos estén comprimidos, o no, es un tema técnico y obviamente quien va a acceder pues tiene que tener la herramienta para descomprimirlos, pero eso no es de cuenta de la Fiscalía”.

El exmandatario departamental, que fue capturado el 28 de julio de 2021, enfrenta un juicio por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Sin embargo, estas dificultades en el libre desarrollo de la audiencia, podrían afectar el proceso e incluso ocasionar que Aguilar quedará en libertad por vencimiento de términos. Cabe resaltar que la defensa del mismo ha intentado culminar el proceso mediante una acción de tutela y una acción de nulidad.

En ese sentido, este miércoles continuará la fase probatoria donde la Fiscalía General lo señala de haber constituido una verdadera “empresa criminal”, dentro de la Gobernación, con el fin direccionar los contratos de infraestructura para beneficiar a sus amigos y familiares.

Así las cosas, para tener el control absoluto del tema de la contratación, el exgobernador había nombrado a dos personas de su entera confianza como secretaria de Infraestructura y director de Gestión de Infraestructura. Con esto, logró manipular los pliegos de condiciones y entregarles los contratos a las personas que ya se habían comprometido a pagar los sobornos.

Pero, por vencimiento de términos, la jueza 13 de control de garantías de Bucaramanga dejó en libertad a los dos principales testigos. En la decisión, se aceptó la petición hecha por la defensa de los dos procesados al considerar que se superaron los términos que exige la ley para el inicio del juicio.

La medida cobijó a la exsecretaria de Infraestructura de la Gobernación de Santander, Claudia Toledo y su esposo, el contratista, Lenin Pardo, quienes participaron activamente en la “empresa criminal” que montó el entonces mandatario departamental para la entrega de contratos a familiares, amigos y empresarios, todo esto tras el pacto de la entrega de una millonaria comisión.

“Para este despacho ya se cumplieron los 24 días que contempla la ley para que los procesados fueran llamados a juicio por parte de la Fiscalía. Por tal razón, concedo la libertad de los ciudadanos Claudia Toledo y Lenin Pardo por vencimiento de términos”, concluyó la jueza al evaluar los argumentos presentados por el abogado de la pareja, que señaló que hasta la fecha ya han pasado 310 días desde la radicación del escrito de acusación y no ha iniciado el juicio formal.

Richard Aguilar se encuentra actualmente privado de su libertad en el Batallón N.º 13 de Bogotá, casualmente el mismo lugar donde se encuentra su padre, el exgobernador de Santander Hugo Aguilar, condenado por parapolítica.