Este miércoles, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, cuestionó la decisión de Puerto Colombia (Atlántico) de suspender la caducidad del contrato adjudicado a Centros Poblados, para llevar internet a las escuelas rurales del país, luego de que se detectara que la póliza de garantía era falsa.
“¡Esto es la tapa del descaro! La caducidad está en firme. No permitiremos que con acciones temerarias dilaten decisiones adoptadas en derecho. Defenderemos a capa y espada los intereses del Estado”, sostuvo la ministra, en su cuenta en Twitter.
¿Qué fue lo que pasó?
La unión temporal Centros Poblados, los contratistas que se quedaron en un primer momento con el millonario contrato para la conectividad de más de 7.000 colegios, resultaron beneficiados con la medida tomada por el juzgado promiscuo Municipal de Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico.
El juez acogió una de las medidas cautelares que solicitó el contratista en una tutela respecto de la caducidad y el embargo de las cuentas de las empresas vinculadas.
La tutela fue radicada por Luis Fernando Duque, representante legal de la unión temporal y quien consideró, a su juicio, que las decisiones del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación violaron el debido proceso y afectaron gravemente a las empresas asociadas en la adjudicación del multimillonario contrato.
Como medida cautelar, el tutelante pidió al juzgado de Puerto Colombia que de manera inmediata suspendiera los actos administrativos del MinTIC hasta que la tutela se resuelva de fondo, lo que por ahora detiene la caducidad que decretó el Ministerio y el embargo a las cuentas del contratista.
“Ordenar, de manera inmediata y hasta tanto se adopte la decisión de fondo de esta tutela, suspender los efectos del acto administrativo de decreto de caducidad y derivados, contenido en las Resoluciones MINTIC Nos. 01747 del 19 de julio de 2021y 02013 del 13 de agosto de 2021, proferidas por la autoridad accionada dentro del trámite sancionatorio objeto de este accionamiento, expediente 26 de 2021, contra la UT Centros Poblados Colombia 2020”, señala la tutela que ahora admitió el juez.
El juzgado en la decisión, provisional, que suspendió los efectos de los actos administrativos del MinTIC, aseguró que decretar las medidas cautelares invocadas en la acción de tutela, se hacen necesarias mientras se estudia la solicitud del tutelante, Centros Poblados, pues si esperan los diez días hábiles que tienen para definir de fondo la misma, puede ser muy tarde.