La polémica por el video del estilista Mauricio Leal, en su lecho de muerte y junto al cadáver de su madre, meses después de la condena contra su hermano Jhonier Leal, parece saldada con la revelación de la Fiscalía de que ese video, junto con los casi dos millones de documentos, fueron entregados a la defensa del condenado.
Para corroborar toda la información que entregó la Fiscalía, respecto de las evidencias y el material probatorio en este caso, la Procuraduría adelantó un informe que se complementa con lo dicho por el investigador del CTI que tenía a cargo la custodia y análisis de todos esos elementos de prueba.
Lo primero que se resalta, de lo dicho por este investigador, es que efectivamente, al revisar toda la evidencia y los reportes de la extracción hecha al celular de Mauricio Leal, no se “percató” de la existencia de este video, a pesar de que sí estaba enumerado en el inventario de evidencias.
“En respuesta al requerimiento de la presente orden a policía judicial, aclaró que los dos videos publicados por los medios Noticias Caracol y Focus Noticias no fueron detectados durante la labor de análisis realizada al reporte en PDF de la extracción del celular de Mauricio Leal. Al no ser detectados, dichos videos no fueron presentados mediante informe de investigador de campo a los fiscales del caso”, dijo el investigador.
Lo que sí deja en claro el investigador del CTI es que todo el material de prueba, lo que se extrajo del celular de Mauricio Leal, fue legalizado ante los jueces de control de garantías, de ahí que no se trata de un ocultamiento del material de prueba, como lo hicieron ver desde la defensa, sino de una falta de rigurosidad de la misma defensa al analizar las evidencias que quedaron a su disposición.
“Es necesario aclarar que, durante la elaboración de cualquier procedimiento de análisis de extracciones informáticas, el analista encargado siempre debe limitarse a acceder a la información disponible en el reporte de la extracción, mas no a los archivos extraídos almacenados en las carpetas que componen el contenido de la misma”, señaló en su informe el investigador del CTI.
Resultó necesario, luego de ver el video en los medios de comunicación, revisar en detalle lo que se encontraba en el almacén de evidencias y así corroborar que efectivamente el video estaba entre los elementos de prueba, pero no en los informes que se entregaron al fiscal del caso y para el juicio contra Jhonier Leal.
“Esta práctica se realiza al momento de la realización de cualquier análisis, debido a que la manipulación de los archivos ‘en bruto’ de la extracción conlleva el riesgo de modificación de los contenidos, la alteración de la huella hash y, por lo tanto, la pérdida de validez del contenido de la evidencia”, dice el documento que firmó el investigador.
La representación de víctimas, en cabeza del abogado Elmer Montaña, compartió la tesis de la Fiscalía y además recordó que, como advierte el Código de Procedimiento Penal, en Colombia el fiscal o las partes no están en la obligación de utilizar todas las pruebas que se recauden en la etapa de indagación.
“Si la Fiscalía no uso esos videos por la razón que sea, no afecta para nada el proceso penal, porque la Fiscalía tiene la facultad de usar los elementos de prueba que considere necesarios para demostrar su teoría del caso. Por lo tanto, no usar determinados elementos de prueba para nada afecta a la defensa, ni al proceso”, dijo el abogado.
Lo dicho por el investigador del CTI se sumó en un informe de agencia especial que adelantó la Fiscalía y con el que se esperan disipar las dudas sobre la responsabilidad de los funcionarios en presuntas omisiones en la polémica por ese video.