Un nuevo cruce entre gobierno y oposición se presentó luego de que el senador Iván Cepeda denunciara que en siete bombardeos de la fuerza pública murieron 22 menores de edad.
Dijo el congresista que “hemos podido corroborar que producto de estas operaciones aéreas de las fuerzas militares durante el presente gobierno han muerto trece jóvenes hombres y siete mujeres. Hay otros dos de los cuales no hay respuesta por parte del Instituto de Medicina Legal sobre su sexo, puesto que la destrucción de los cuerpos impidió ese reconocimiento”.
Además indicó el Senador que “para quienes pretenden justificar las muertes porque eran jóvenes mayores de 15 años, nos permitimos recordar que el protocolo adicional a la Convención de los Derechos del Niño sobre la participación de menores de 18 años en los conflictos armados, que fue aprobado por el Congreso, establece con absoluta claridad que se prohíbe el reclutamiento y participación de los menores de 18 años, por lo que tienen una protección especial y son considerados víctimas”.
Ante los señalamientos del legislador contra la fuerza pública, el ministro de Defensa, Diego Molano, le respondió a Cepeda que “frente a lo que se ha manifestado en el Congreso está claro que quiénes infringen la ley y reclutan a los menores de edad para cometer actos delictivos son los grupos armados, ellos son los responsables de la violación del Derecho Internacional Humanitario, ellos son los que utilizan, instrumentalizan a los jóvenes para que atenten contra la población civil y la fuerza pública”.
El Comando Central de las Fuerzas Militares también se pronunció sobre la denuncia del senador Cepeda y señaló que “el Ministerio de Defensa no tiene dentro de sus funciones y competencias, determinar el sexo o edad biológica de muertos en desarrollo de operaciones militares. Dichas atribuciones le corresponden al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -conforme a sus funciones dispuestas en la Ley 938 de 2004. Dicha información goza de reserva legal, de la cual las Fuerzas Militares no son destinatarias”.
Agregó la autoridad militar que “el reclutamiento de menores constituye un crimen de guerra, que debe ser reprochado por todos los sectores de la sociedad, puesto que ha sido una práctica sistemática e histórica realizada por todos los grupos armados organizados, son ellos los llamados a responder por esta conducta gravemente censurada por el Derecho Internacional Humanitario”.
Así mismo, señalaron las Fuerzas Militares, que “todas las operaciones militares donde se presentan capturas, sometimientos a la justicia, recuperación de menores y muertes en desarrollo de las mismas, siempre están acompañadas de Policía Judicial, esto con el fin de que realicen los actos urgentes. Para ello, las Fuerzas Militares ponen a disposición de los entes de control, toda la información, documentos y material relacionado con las acciones militares”,
Es de recordar que la muerte de menores de edad en desarrollo de operaciones militares ha sido objeto de reiteradas peleas entre la oposición y el gobierno. Incluso, una de estas acciones llevó a la renuncia del primer ministro de Defensa del gobierno de Iván Duque. Guillermo Botero, fue objeto de un duro debate en el Congreso de la República, en donde el senador Roy Barreras reveló que en medio de un bombardeo habían muerto varios menores de edad y el entonces Ministro de Defensa no informó dicha situación al país.