Desde Cartagena, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, hizo hincapié en la necesidad de perseguir y afectar los recursos ilícitos de las organizaciones criminales para avanzar en la lucha y contención de la criminalidad en Colombia.
Durante su intervención en el ‘Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva’, organizado por Asobancaria, Barbosa aseguró que, para evitar que la criminalidad siga ganado territorio, debe hacerse un frente “bajo el criterio del imperio de la ley”.
“La criminalidad gana si se dispersan las competencias, si se vuelven difusas las responsabilidades institucionales (…) esa lucha contra la criminalidad es una lucha que se tiene que hacer bajo el criterio del imperio de la ley, de la investigación eficaz y de la judicialización”, aseguró el fiscal Barbosa.
En cuanto a propuesta de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro, Barbosa reiteró el compromiso de la Fiscalía General de apoyar las iniciativas del Gobierno nacional, siempre y cuando estén en consonancia con los parámetros constitucionales y legales. Enfatizó que la paz se logra a través del Estado de Derecho, la seguridad y el orden público garantizados en todo el territorio nacional. Subrayó la necesidad de proteger a las comunidades y brindarles oportunidades, en lugar de financiar a los criminales como una solución.
“No hay que confundir nunca la idea del partidismo con la paz porque es importante entender que a la paz solamente se llega con el Estado de Derecho, con la seguridad y con el orden público garantizado en el territorio nacional”, dijo.
Y agregó: “Esto no se va a resolver pagándoles a los criminales para que no delincan porque eso es un incentivo a la criminalidad. Esto se va a resolver cuando entendamos que hay millones de colombianos que también requieren oportunidades, que nunca han cometido un delito y quieren que el Estado también les dé la mano para sacarlos adelante y para que empujemos un país en el marco de principios y en el marco de valores constitucionales”.
De igual forma, el jefe del ente acusador destacó la importancia de combatir de manera integral las diversas fuentes de financiación del narcotráfico, que van más allá del lavado de activos e incluyen fenómenos como el tráfico de migrantes, la trata de personas, la extorsión, el enriquecimiento ilícito, el secuestro y la corrupción.
El fiscal general también mencionó los desafíos relacionados con las zonas francas y la necesidad de regularlas para protegerlas de la vulnerabilidad frente a la criminalidad. Manifestó su preocupación por la ausencia de seguridad en lugares como Buenaventura y subrayó la importancia de abordar esta problemática.
“Es importante que las 104 zonas francas puedan ser reguladas, pero al mismo tiempo que tengan una protección desde el punto de vista de la vulnerabilidad frente a la criminalidad que tienen. Lo que estamos viviendo en diferentes lugares del territorio nacional es dramático, lo que ocurre en Buenaventura básicamente es una odisea desde el punto de vista de la ausencia de seguridad”, señaló.
Durante su intervención, el fiscal presentó los importantes resultados obtenidos en la lucha contra la corrupción en los últimos tres años, destacando las 3.172 condenas obtenidas.
Asimismo, resaltó los avances en el golpe al patrimonio de la criminalidad organizada, la delincuencia y los grupos narcotraficantes. Señaló que se han entregado 7.000 millones de dólares (28 billones de pesos) a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en los últimos 3 años y 6 meses. También se han puesto a disposición bienes avaluados en más de 854.000 millones de pesos al Fondo de Víctimas en Justicia Transicional, superando las entregas realizadas entre 2006 y 2019 en 300.000 millones de pesos.
En cuanto al lavado de activos, se han desarticulado 237 estructuras y se han incautado bienes por un valor de 67.000 millones de pesos. Además, de acuerdo con Barbosa, se han judicializado 433 integrantes de 132 redes involucradas en delitos fiscales aduaneros y tributarios, con operaciones que superan los 2.9 billones de pesos.
Francia Márquez opina sobre Jóvenes en Paz
En medio de la fuerte polémica que se desató en el país por el controversial programa que anunció el presidente Gustavo Petro, de pagar a jóvenes de peligrosas bandas criminales para “que no maten”, rompió su silencio la vicepresidenta Francia Márquez, hablando de frente sobre ese plan social que estará enmarcado en Jóvenes en Paz.
En una declaración en la Casa de Nariño, la alta funcionaria indicó que la estrategia que dio inicio de manera oficial en Buenaventura es una política del Gobierno nacional, del Pacto Histórico, para prevenir más hechos violentos en los que estén involucrados jóvenes.
“No, yo creo que esa es una visión equivocada, porque si la juventud tuviera oportunidad en este país, independientemente del lugar a donde haya llegado, no estarían llegando hacia allá (hacia las bandas criminales)”, sostuvo Márquez.
Y agregó en su tesis: “Entonces, esta es una política para prevenir la violencia, para prevenir el asesinato. ¿Cuántos jóvenes perdemos en este país cada fin de semana? Entonces buscamos prevenir la violencia y sobre todo que la juventud tenga oportunidad”.
El ministro del Interior también se había pronunciado
Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en Blu Radio, el dinero que se les girará a esos jóvenes para que dejen de delinquir será de un millón de pesos.
“Es cercano al millón de pesos, no es para toda la vida. Es mientras los sacamos a que ingresen a alguna actividad académica, algo que los aleje de espacios delincuenciales”, afirmó el ministro del Interior.
Velasco señaló que inicialmente se plantea que el programa tenga una duración de un año para evaluar su eficacia. El ministro también aseguró que el nombre “No Matar” del programa es una metáfora y que quieren buscar mecanismos en los que esos jóvenes tengan oportunidades laborales y educativas.
El ministro reconoció que el programa no salió de la manga, sino que se implementó en la Bogotá Humana de Petro. El alto funcionario afirmó que creen que eso ayudó en ese momento y que no están improvisando.
La idea es que puedan entrar a instituciones educativas, terminar sus estudios y buscar oportunidades laborales. Según dijo Velasco, está enfocado en jóvenes que están siendo llamados por bandas criminales. “Buscamos gente en riesgo que pueden ser fácilmente cooptados, queremos sacarlos”, insistió.
El ministro afirmó que se escogerá a los jóvenes con las propias comunidades y se hará un trabajo social con ellos. Reconoció que “no es fácil” saber cuántos jóvenes están en ese estado y que ellos mismos puedan aceptar las condiciones. Por eso, señaló que el plan piloto será con unos primeros 150 jóvenes para motivar a los demás. “Haremos un seguimiento”, dijo Velasco.