El país conoció, de voz del propio fiscal general Francisco Barbosa, que Marelbys Meza y Fabiola, dos exempleadas de Laura Sarabia, la entonces jefe de gabinete del Gobierno nacional, fueron víctimas de las interceptaciones solicitadas por la Dijin y autorizadas, con engaños, por un fiscal en Chocó. Ahora, SEMANA logró establecer que otras dos personas también fueron víctimas de una interceptación ilegal.
SEMANA conoció la identidad y los detalles de una declaración que rindió una de las personas que fue interceptada en el afán por recuperar lo que un testigo le dijo a SEMANA eran 3.000 millones de pesos hurtados de la casa de Sarabia. Esa nueva víctima de las interceptaciones era una persona cercana a la exniñera y ese fue el detonante para incluirlo en el listado de los “chuzados”.
El hombre estuvo en la Fiscalía, contó las circunstancias y la relación con las otras víctimas de las interceptaciones de la Dijin. La Fiscalía indagó sobre los hechos que fueron denunciados por Marelbys, que negó la Presidencia y que posteriormente confirmaron con un argumento falaz para justificar las pruebas de poligrafía y luego falso para conseguir las interceptaciones.
En el caso de Marelbys y Fabiola, como lo reveló el fiscal Francisco Barbosa, las “chuzadas” se realizaron con informe de Policía judicial donde de manera falsa las convirtieron en miembros del denominado Clan del Golfo y obtuvieron, de la sala de interceptación, la autorización para las interceptaciones; todo a través de un fiscal en el departamento de Chocó.
La Fiscalía General de la Nación está investigando estos nuevos hechos y ordenó inspecciones judiciales a esta sala de interceptaciones ubicada en el centro de la ciudad y además se revisa cada archivo, solicitudes e informes de policía judicial que se habrían utilizado para conseguir la autorización de interceptar las comunicaciones de estas dos nuevas víctimas.
Un testigo, que habló con el coronel Óscar Dávila, horas antes de su muerte, le dijo a SEMANA que el hombre que fue víctima de las interceptaciones, también fue objeto de un allanamiento ilegal en lo que sería su lugar de residencia y allí los funcionarios, con la orden clara de recuperar los 3.000 millones de pesos, encontraron una suma superior a los 260 millones.
“Ahí ya dicen que la empleada es la culpable, lo que él (Dávila) nos dice es que de eso se recuperaron 268 millones de pesos. Y los entrega el esposo o la pareja permanente o el compañero de la empleada del servicio. A él lo cogen en el ámbito de la Policía, dice que lo levantan, lo aprietan, todo eso, y él entrega ese dinero”, relató la fuente.
Ahora lo que busca establecer la Fiscalía no solo incluye la veracidad de estas afirmaciones del testigo, plenamente identificado, sino las circunstancias de la interceptación al misterioso hombre de los 260 millones de pesos. Se sabe que las “chuzadas” fueron desarrolladas por la Policía y desde una sala en el centro de Bogotá, pero es necesario conocer quién las ordenó.
Los otros “chuzados”
SEMANA conoció que otras dos personas, un hombre y una mujer, también fueron “chuzados”. Es decir, sus teléfonos celulares terminaron interceptados de manera ilegal por integrantes de la Policía, tal y como lo hicieron con Marelbys Meza y Fabiola, dos exempleadas de Laura Sarabia, la entonces jefe de gabinete del Gobierno nacional.
Lo que se conoce hasta el momento, es que estas dos personas, cercanas a Marelbys Meza, fueron escuchadas de manera ilícita durante varios días. La información que conoció SEMANA señala que las escuchas ilegales se realizaron desde una sala adscrita a la Policía en Bogotá y quienes solicitaron estas “chuzadas” lo lograron con una fiscal de la misma ciudad.