En los proyectos de sometimiento a la justicia para organizaciones criminales y humanización de las penas, el fiscal general, Francisco Barbosa, hizo nueve reparos, en cada proyecto, sobre la conveniencia de mejorar la redacción de los textos y así evitar beneficios que no deben darse a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Una vez radicados los proyectos, la preocupación surgió en el fiscal y así lo manifestó.
En los cuestionamientos que hizo el fiscal, los más crudos en materia de beneficios judiciales a narcotraficantes no fueron atendidos por el Gobierno y quedaron incluidos como micos en el proyecto de humanización de las penas; entre otros, la posibilidad de ofrecer principios de oportunidad a implicados, responsables o condenados, en delitos como el concierto para delinquir agravado.
“Hay una preocupación del fiscal general de la nación, por lo que se ha planteado de unos mensajes de urgencia al proyecto de ley de sometimiento y el mensaje de urgencia al proyecto de humanización, las denuncias que yo he hecho al país son muy graves especialmente en el de humanización, cuando yo advertí la existencia de un artículo que beneficiaba legalizando el narcotráfico en Colombia”, dijo el fiscal.
No es un proceso de paz
Para el fiscal resulta de gran importancia recordarles al Gobierno y a los congresistas, que más adelante debatirán el proyecto de humanización de las penas y sometimiento a la justicia, que no se trata de un proceso de paz y por tanto los beneficios no pueden equipararse a lo concertado, por ejemplo, en el acuerdo de La Habana, con grupos que claramente tenían connotación política.
“Otra cosa es el proceso de justicia transicional, no se les puede dar unos unos beneficios excesivos a aquellos que se someten a la justicia, tampoco se les puede aplicar el mismo rasero que se les aplicó en La Habana por la distinción de procesos. Uno es un proceso de paz y otro es un proceso donde se benefician estructuras derivadas del paramilitarismo y el narcotráfico”, señaló Barbosa.
La advertencia del jefe del ente acusador surge por los beneficios que podrían incluir los proyectos de sometimiento a la justicia y humanización de las penas a grupos al margen de la ley, dedicados al narcotráfico o derivados del paramilitarismo. Es claro que en esta coyuntura no se le podría dar el mismo tratamiento de quienes participaron en un proceso de paz.
“Se tratar de mostrar que el concierto para delinquir agravado es un mecanismo que va a tener una suerte de indulto a través del principio de oportunidad, buscar que la gente salga de las cárceles como una especie de proceso de paz de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento y he sido muy claro, una cosa es el sometimiento a la justicia, otra cosa es un proceso de justicia”, advirtió el fiscal general.
Extinción de dominio
Un punto que llamó la atención de la Fiscalía, y de quienes participaron en una reunión con la bancada de Cambio Radical, se centró en la extinción de dominio y los beneficios que tendrían las organizaciones criminales a la hora de acogerse a los proyectos que plantea el Gobierno, pues se aumentó el monto con el que podrían quedarse los narcotraficantes una vez se incluyan en los procesos.
“Es decir 2.8 millones de dólares usted se embolsa por meterse en la paz total y repito, el hecho de que pongan en el artículo una expresión de que esos bienes son susceptibles de ir a las víctimas, pues me parece que no garantiza absolutamente nada, es una reacción completamente difícil, farragosa, complicada que no se entiende”, reveló Barbosa al término de la reunión con Cambio Radical.
El fiscal le pide al Gobierno que explique por qué cambiaron los términos que estaban incluidos en la Ley de extinción de dominio, por qué subieron de un millón a dos millones de dólares el monto con que se podrían quedar los narcotraficantes.
Las víctimas
Un problema que advierte el fiscal en los proyectos está en la reparación a las víctimas. Como se encuentran redactados los artículos de esta iniciativa, habrá una reparación colectiva; en criterio del jefe del ente acusador, se traduce en meter a todas las víctimas en una bolsa común, sin detenerse a evaluar cada caso.
“Estamos diciendo a cientos de colombianos que les han violado los derechos en todo sentido que ahora los van a meter en una bolsa colectiva y no les van a reparar individualmente, si tienen muchos recursos más bien hagan reparaciones individuales, porque no aplican”, señaló el fiscal.
Para el fiscal, como están planteados los proyectos, las víctimas tendrían mayor representación en justicia y paz, en el proceso con los paramilitares y no con la Ley de sometimiento que impulsa el Gobierno.
Respeto por la Fiscalía
Una advertencia de la Fiscalía la hacen luego de conocer que en los proyectos se anticipa que el ente acusador debe entregar expedientes, material probatorio y detalles de investigaciones a la oficina del alto comisionado para la paz. Aquí el fiscal le pone un freno al Gobierno tras recordarle la separación de poderes y cómo prima la independencia entre las ramas del poder público.
“Quiero recordarle al Gobierno nacional que el fiscal general hace parte de la Rama Judicial, del poder público, no somos subalternos del Ejecutivo. Volvemos a repetir la historia hace mes y medio. Yo realmente estoy cansado de ver estos proyectos, cada vez que vemos los proyectos ocurren nuevas incursiones que a mi juicio atentan contra la institucionalidad colombiana”, dijo el fiscal.
Insistió la Fiscalía que este claramente es un atentado a la separación de poderes en el país y le recuerdan al Gobierno que ni el fiscal, ni la Fiscalía son subalternos del Ejecutivo, y así las cosas, se debe garantizar la independencia judicial.