El Congreso de la República es una de las instituciones más desprestigiadas del país. Difícilmente su mala reputación podrá cambiarse en poco tiempo y, con razón, la ciudadanía desconfía de la labor legislativa.
Sumado al ausentismo, intereses personales, poca importancia en los problemas sociales del país y la falta de empatía con sus electores, ahora el Congreso busca censurar a la prensa en Colombia que ha destapado cientos de escándalos de corrupción. Si no fuera por los medios de comunicación, estos casos hubieran pasado de ‘agache’ y los presuntos delincuentes estarían felices con el dinero de los colombianos.
En medio de esta discusión, el presidente de la República, Iván Duque, fue contundente al afirmar que cualquier idea o medida que asome en contra de la libertad de prensa debe ser objetada, en medio de las múltiples reacciones que se han registrado en el país sobre el polémico artículo 68 del Estatuto anticorrupción, que fue calificado como una “mordaza” a la prensa y el cual fue aprobado finalmente, en último debate, por las mayorías de la plenaria de la Cámara de Representantes.
Aunque la intención del Congreso de censurar a los medios de comunicación se está desvaneciendo, no deja de preocupar que un grupo de congresistas haya tenido esta idea sin conocer sus intereses reales para crear esta mordaza a los periodistas.
Todo este intento de censurar a la prensa empezó en el Senado el 27 de octubre de 2021, cuando el senador Germán Varón Cotrino, ponente del proyecto de ley, presentó a la plenaria el articulado de la ley anticorrupción, las modificaciones y proposiciones que fueron radicadas por sus colegas. En su exposición, Cotrino argumentó que lo contenido en la iniciativa estaba orientado a ponerle fin a la corrupción en Colombia y que lo dispuesto tenía el aval del Gobierno. Sin embargo, él también estuvo de acuerdo.
En voz baja, algunos acusan directamente al senador del Partido Conservador, Efraín Cepeda, de haber redactado esa proposición y de haberla presentado a sus colegas para la firma. Durante un tiempo guardó silencio y recientemente se pronunció en sus redes sociales para afirmar que votará positivamente la objeción que el presidente Duque ha expresado que hará “sobre el artículo que podría afectar a libertad de prensa (…) Cuando lo firmamos no medimos que esto podría afectar el ejercicio de prensa que debe ser protegido”, dijo Cepeda, quien encabezará la lista del conservatismo para el Senado en 2022.
Coincidencialmente, otros de los firmantes tienen la misma tesis de Cepeda. Guillermo García Realpe y Mauricio Gómez Amín, dicen que tampoco midieron el impacto que tendría esa proposición y que firmaron de “buena fe”.
La senadora Ana María Castañeda (Cambio Radical) también respaldó plenamente esa polémica propuesta.
Además, Eduardo Pacheco (Colombia Justa Libres); Temistocles Ortega (Cambio Radical); Esperanza Andrade (Partido Conservador); Gabriel Velasco (Centro Democrático); Miriam Paredes (Partido Conservador); Fabián Castillo (Cambio Radical) y Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) son los otros congresistas que firmaron el documento que se aprobó.
Estos congresistas respaldaron la proposición, donde se indica que “el que mediante injuria o calumnia pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún servidor público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia, incurrirá en prisión de sesenta a ciento veinte meses y multa de trece punto treinta y tres a mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.
Seguramente, en la conciliación el artículo se caerá y, si no lo hace el Congreso, el presidente Iván Duque lo objetará. Por ahora, varios congresistas han guardado silencio sobre su interés en callar a la prensa, pero seguramente en época electoral los ciudadanos podrán pasar cuenta de cobro en las urnas.