Desorden parece que es lo que hay adentro del Ministerio de Defensa, que encabeza Iván Velásquez como ministro, respecto al ascenso de oficiales de las Fuerzas Militares. La expedición de dos decretos en menos de 11 días reflejan lo que sería improvisación al interior del Ministerio de Defensa y del Ejército.

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, expidió dos decretos sobre ascensos militares en menos de 11 días. | Foto: Policía Nacional

En las siguientes imágenes se puede observar como el 30 de octubre el Ministro de la Defensa, Iván Velásquez, firma el decreto 1585 del 2023, en donde autoriza el ascenso de 18 oficiales a grados superiores, entre ellos hay coroneles a Brigadieres Generales, Brigadieres a Mayores Generales, y Contra Almirante a Vicealmirante.

En el primer decreto del 30 de octubre, el Ministerio de Defensa autorizó el ascenso del general Fredy Coy, pero en el decreto del 10 de noviembre parte inferior ya no está su nombre. | Foto: Archivo particular

En este decreto aparece el ministro Velásquez dándole el aval a nueve brigadieres generales para que asciendan a mayores generales. Y a 10 coroneles a Brigadieres Generales. Lo que llama la atención de este decreto, es que aquí aparecen ascendidos el general Fredy Marlon Coy, jefe de operaciones del Ejército y los coroneles Johny Bautista y Alex Tarazona.

Pero en otro decreto de los mismos ascensos militares, este con fecha del 10 de noviembre, el ministro de Defensa Iván Velásquez, cambió de parecer y ya ordenó que tres oficiales no fueran ascendidos.

En el decreto del 30 de octubre los coroneles Johny Bautista y Alex Tarazona fueron llamados a ascenso para Brigadier General, pero en el del 10 de noviembre ya sus nombres no aparecen. | Foto: Archivo particular

Los militares que ya no aparecen en la lista de ascenso son el general Fredy Marlon Coy, y los coroneles Bautista y Tarazona. La nueva decisión del ministro de la Defensa de sacar del Ejército a los oficiales con larga trayectoria en la vida militar, se conoció en medio del escándalo que sacude al general Luis Ospina, comandante del Ejército, a quien el ministro Velásquez ha protegido a capa y espada, minimizando su actuación que podría rayar en el carácter penal.

Como se recordará SEMANA reveló en exclusiva la orden que dio el general Ospina a sus subalternos de que le hicieran seguimientos al profesor Leonardo Colmenares, quien le dictaba clases de inglés a su esposa, al parecer, en un aparente arranque de celos.

El general Ospina se encuentra en el ojo del huracán después del escándalo por utilizar la inteligencia del Estado para fines personales. | Foto: Colprensa

Para este trabajo el Ejército dispuso de todo el aparato de inteligencia y contrainteligencia para ubicar al profesor, seguirlo y hasta perfilarlo haciéndolo pasar por uno de los delincuentes más peligrosos del país, pues según expertos en inteligencia operacional militar, para hacer uso de la inteligencia y la contrainteligencia se debe a casos especiales y a amenazas de alto impacto.

Tras este escándalo, el ministro Velásquez, que en el pasado cuestionó severamente que en el país se utilizara el aparato estatal de la inteligencia para hacer seguimientos ilegales como fue su caso, en la actualidad defendió al comandante del Ejército y dijo que en esa orden que impartió el alto mando militar no había nada ilegal. Estas fueron las palabras del ministro con las que defendió a capa y espada a Ospina, quien habría usado el aparato de inteligencia militar en un aparente caso de celos y para beneficio personal.

“No creo que haya una orden ilegal del comandante del Ejército (...) “Cuando él pide la verificación de quién es la persona que ingresa al Cantón Norte, es un tema simplemente de seguridad, el reconocimiento de quiénes pueden estar en un entorno que podría generar eventualmente algún riesgo para el comandante del Ejército e inclusive para las instalaciones”.

“No obstante, se está adelantando una investigación respecto de los términos específicos de esa orden porque en cuanto se dispone a la contrainteligencia que verifique respecto de una persona, eso solo no constituye una ilegalidad; otro problema es, en la ejecución de esa orden, como se ha dicho que el profesor Colmenares entonces fue incluido en un informe como miembro de una organización armada ilegal, sin serlo, eso ya sí es un acto inclusive delictivo que tiene que aclararse suficientemente”, agregó.