Miles de árboles que bordeaban el río Magdalena en su paso por los departamentos de Santander y Antioquia, terminaron reducidos a tablones en aserraderos ilegales de una organización criminal que decidió atentar contra su comunidad, destruyendo las barreras naturales que evitaban inundaciones.
La Fiscalía, desde la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Magdalena Medio, logró completar una investigación que permitió identificar a quienes estaban detrás de la tala ilegal e indiscriminada de bosques en esta zona del país, que convirtieron la rivera del río Magdalena en un desierto triste, el resultado de una ambición criminal.
“De acuerdo con la evidencia y los elementos de prueba obtenidos, una organización delictiva ha talado indiscriminadamente especies protegidas en los Distritos Regionales de Manejo Integrado de la Serranía de Los Yariguíes y el humedal San Silvestre, y en la zona de reserva forestal del río Magdalena”, dijo la Fiscalía.
Más de 345 hectáreas de bosque nativo y primario, fueron deforestadas por esta organización criminal durante el último año. Se metieron con los bosques protegidos por el Estado, pero amenazados por los delincuentes que se esconden entre las comunidades con una ridícula fachada de honestos moradores.
“Posteriormente, la red ilegal convierte la madera en tablones y listones, y la trasladada a puntos de acopio donde coordina la comercialización a diferentes ciudades del centro, oriente y occidente del país”, explicó la directora especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Deicy Jaramillo Rivera.
En los operativos y allanamientos adelantados por la Fiscalía, con el apoyo de la Policía y el Ejército, se logró establecer que las variedades de árboles más atacados son Coco Rojo, Amargo, Brasilete, Roble, Higuerón, Cedro y Moncoro, las cuales eran transportadas de manera clandestina y sin los permisos de ley.
“En siete diligencias de registro y allanamiento realizadas en Yondó (Antioquia) y San Vicente de Chucurí (Santander), los grupos investigativos y operativos llegaron a predios en los que se cumplían los procesos de aprovechamiento y transformación de la madera”, advirtió la Fiscalía luego de las diligencias.
Durante las diligencias de allanamiento fueron capturadas seis personas y presentadas ante jueces de control de garantías para imputar cargos relacionados con el daño al medio ambiente. Cinco aceptaron su responsabilidad en los hechos que son materia de investigación de la Fiscalía y que a pesar de ese reconocimiento, no deja de ser un grave atentado contra la naturaleza.
“La Fiscalía imputó a los detenidos el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. Cinco de los procesados aceptaron el cargo. Las actividades investigativas continúan para identificar y ubicar a otras personas que estarían involucradas en el andamiaje ilegal que afecta la franja forestal de protección del río Magdalena”, aseguraron los investigadores del caso.
El propósito, y lo que se conoce como la segunda fase de la investigación, incluye identificar a los receptores de esta madera ilegal, incluso de funcionarios públicos que aún conociendo la actividad criminal que desarrollaban estos deforestadores, no tomaron las medidas pertinentes para evitar el daño al medio ambiente y ese atentado a la propia comunidad a la que dejaron en riesgo de inundaciones.