La representación gráfica de la justicia, que se supone sostiene la balanza de la independencia, se inclinó por un beneficio económico. En otras palabras, dos jueces en el departamento de Córdoba vendieron la majestad de su cargo por ganarse, ilegalmente una propina, un soborno en el llamado “cartel de las pensiones”.

La Fiscalía logró demostrar, 13 años después, la responsabilidad de dos exjueces en un entramado de corrupción que involucró a los entonces empleados de la liquidada Telecom. Los dos exjueces, que fueron identificados como Iván Elías Bader Pico y Francisco Daza Ramírez, trabajaban en el departamento de Córdoba y fue allí donde torcieron su ética.

“Las pruebas y argumentos presentados en juicio por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción fueron suficientes para demostrar que los exjueces de Cereté (Córdoba) Iván Elías Bader Pico y Francisco Daza Ramírez incurrieron en actos ilícitos para beneficiar a un grupo de trabajadores de la liquidada Telecom”, señaló la Fiscalía.

Las dudas que tuvo la Fiscalía y que luego confirmó a través de una investigación, era que los dos representantes de la justicia se convirtieron en una muestra rampante de la corrupción en el sistema de justicia, en la prueba de por qué la sociedad no confía en los jueces o sus decisiones.

“La investigación de la Fiscalía evidenció que un abogado, en representación de ocho empleados de Telecom, presentó en 2009 una acción de tutela para que la empresa de telecomunicaciones les reconociera a sus clientes mesadas pensionales y diversas sumas por supuestos salarios no pagados”, advirtió en ente acusador.

El director contra la Corrupción de la Fiscalía, Eduar Alirio Calderón, entregó detalles de la investigación y de la decisión del Tribunal Superior de Córdoba, que dejó a los jueces como los responsables de los delitos atribuidos por la Fiscalía en 2009: prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros.

La investigación demostró que los jueces recibieron una tutela, en primera y segunda instancia, en favor de los empleados de Telecom y que obligó a la entidad a pagar más de 1.400 millones de pesos, como retribución o recompensa al reconocimiento de pensiones. Los jueces turnaron la tutela para resolverla y favorecer a los funcionarios.

“Inicialmente, el juzgado promiscuo de Cereté, a cargo del señor Bader Pico, accedió a las pretensiones y ordenó a Telecom el desembolso inmediato de las mesadas correspondientes a tres años. Esta decisión fue apelada; sin embargo, llegó al juez penal de Conocimiento, al señor Daza Ramírez, quien ratificó el fallo y obligó a la entidad pagar 1.460 millones de pesos a los accionantes. Adicionalmente, dispuso el embargo de las cuentas de Telecom para garantizar la entrega efectiva de los dineros”, dijo la Fiscalía.

Fue gracias a la Corte Suprema de Justicia que se conoció el entramado de corrupción. Cuando la tutela llegó a ese alto tribunal, los magistrados revocaron la tutela, frenaron el pago y ordenaron investigar a los jueces. Ahora los dos exrepresentantes de la justicia resultaron condenados y con una multa superior a los 428 millones de pesos e inhabilidad de 108 meses para el ejercicio de funciones públicas.

La decisión de condenar a los jueces es de primera instancia y –advirtió la Fiscalía– proceden los recursos de ley que, para el caso, es la segunda instancia. En ese proceso podrán revocar la sentencia o incluso aumentar la pena.