Las 420 hectáreas en el departamento de Córdoba, que hace dos décadas fueron un campo de entrenamiento para los paramilitares, ahora son un enorme terreno agrícola para el cultivo de teca, mango y palma africana. Ese espacio será propiedad de las víctimas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, tras una decisión de la Fiscalía.
La gran finca hace parte del patrimonio criminal que fue objeto de extinción de dominio al máximo cabecilla de las AUC, Fidel Castaño, y la denominada ‘Casa Castaño’. La propiedad está avaluada en más de 39.000 millones de pesos, un saldo a favor de las víctimas de los hermanos Castaño y los hombres bajo su mando.
La Fiscalía inició un trabajo para identificar las propiedades que fueron objeto de extinción de dominio y que podrían pasar de manera directa al Fondo para la Reparación de las Víctimas. En ese propósito, los bienes de Los Castaño se incluyeron en el listado y ahora hacen parte del principal objetivo de la justicia, la reparación.
“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas cinco bienes, los cuales conforman un gran terreno que hizo parte del patrimonio ilícito de Fidel Antonio Castaño Gil y la denominada ‘Casa Castaño’, de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, dijo la Fiscalía.
Las tierras que se convirtieron en el fortín de las Autodefensas están ubicadas en el departamento de Córdoba, justamente la zona de Colombia que soportó con mayor crudeza la barbarie de los paramilitares. Con esta decisión, la Fiscalía se adelantó a su misión constitucional y quiere devolverle algo a las víctimas, muchas con la desesperanza de años en la impunidad.
“De acuerdo con los elementos de prueba, estos terrenos habrían sido usados como campos de entrenamiento armado por los grupos paramilitares; así como centro de planeación de diversas actividades criminales. En la actualidad, las tierras son aprovechadas con cultivos de teca, mango y palma africana”, señaló el director de Justicia Transicional, Salomón Strusberg Rueda.
El estudio jurídico para llegar a este objetivo de reparación a las víctimas concluyó hace un mes, cuando la Fiscalía solicitó al Tribunal Superior de Medellín unas medidas cautelares para estas propiedades y que fuera el mismo Tribunal el encargado de diseñar la ruta de cara a cambiar de manos la enorme finca.
“Por solicitud de un fiscal del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, el pasado 25 de abril, la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín (Antioquia) impuso sobre las cinco propiedades medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo”, advirtió la Fiscalía.
La mega finca de Los Castaño no es la única propiedad que se quedó fuera de la fortuna de los extintos cabecillas. De acuerdo con la Fiscalía, en los últimos dos años, casualmente de la administración de Francisco Barbosa, se han identificado y entregado 140 bienes vinculados a la Casa Castaño que estarían avaluados en más de 79.000 millones de pesos.