El sector de los servicios públicos vive hoy en alta tensión. Los anuncios del Gobierno del presidente Gustavo Petro encendieron las alarmas de un sector que se ha transformado en los últimos 30 años al construir una institucionalidad robusta, garantizar la inversión privada y aumentar la cobertura y calidad.
Ante el incremento de los precios en las tarifas de los servicios públicos, en particular la energía eléctrica, el jefe de Estado anunció que asumiría personalmente su regulación. Y hace unos días se materializó esta decisión, pues se expidió un decreto con el que el mandatario asumirá por tres meses las regulaciones generales del agua, la energía y el gas. Ello incluiría la definición del cálculo de las tarifas de energía, las cuales se han convertido en un componente clave en el aumento de la inflación en el país.
Pero no fue la única notificación. También se conoció que el Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, prepara una reforma completa de las leyes que rigen estos servicios y que vienen de 1994. Además, el Plan Nacional de Desarrollo trae algunas modificaciones que cambiarían la estructura del sector y hasta la competencia.
Desde el Consejo Gremial, que agrupa a más de 30 gremios del país, hasta exministros, exviceministros y antiguos comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pasando incluso por calificadoras como Moody’s, han advertido sobre las preocupaciones derivadas de los pronunciamientos recientes del presidente.
Ahora a estas voces de alerta se suma la del expresidente César Gaviria. Y su pronunciamiento tiene un particular valor: si bien en su Gobierno el país padeció durante cerca de un año los racionamientos de energía, también él acompañó a la Asamblea Nacional Constituyente que impulsó la transformación en la prestación de los servicios públicos en el país y que se concretó con la expedición de las leyes de servicios públicos al final de su mandato.
Sin embargo, todo ese andamiaje hoy está en riesgo. Así lo asegura el expresidente Gaviria en un documento que conoció en exclusiva SEMANA sobre los servicios públicos nacionales.
“Algunos de los miembros del nuevo gobierno quieren regresar al pasado, y recrear la situación existente antes de 1990, una época en que eran raquíticas las instituciones del Estado para guiar los servicios públicos y la infraestructura. En esos años no existía inversión privada en servicios públicos, construcción de carreteras, aeropuertos y puertos. Era, por supuesto, una época en la que la cobertura de acueducto era del 60 %, el país no tenía ni un kilómetro con dobles calzadas, los aeropuertos eran insuficientes y los puertos no funcionaban”.
Con esta sentencia comienza el documento, en el que califica como “enorme” la mejoría de la cobertura y la calidad de los servicios públicos en los últimos 30 años, con coberturas prácticamente completas en todos los servicios en las zonas urbanas. No obstante, reconoce que se requieren programas creativos enfocados en completar el acceso a los servicios de las zonas rurales.
“Este no es el momento para destruir lo existente y, por razones ideológicas, recrear la situación del pasado, con todos sus problemas, males y carencias. No se puede correr el riesgo de que bajen las coberturas, se deteriore la calidad y que el país vuelva a sufrir los problemas que padecía hace 40 o 50 años”, señala el expresidente Gaviria.
Las amenazas
Los anuncios, dice Gaviria, atemorizaron a los distintos agentes que conforman el sector de los servicios públicos. “Ante la falta de claridad sobre las reglas del juego hacia el futuro, naturalmente reina el desconcierto y, sobre todo, está paralizada la inversión en estas áreas. Nadie puede comprometer cuantiosos recursos en el largo plazo si no conoce las regulaciones que el presidente va a fijar y no sabe cuáles son las normas legales que van a reemplazar las leyes de los servicios públicos”, explica el exmandatario.
De acuerdo con su análisis, se están rompiendo las condiciones de estabilidad y predictibilidad que durante 30 años permitieron la modernización de los servicios públicos, el aumento de su cobertura y la vinculación del sector privado, nacional y extranjero con millonarias inversiones.
“El previsible desestímulo a la inversión ha sido advertido ya por las empresas del sector y fue expuesto con toda claridad por los exministros de Minas y los exreguladores del sector energético en una comunicación al Gobierno nacional. Estos exfuncionarios anotan que, para asegurar la oferta de energía y evitar un nuevo apagón en los próximos años, el país requiere de cuantiosas inversiones en proyectos de expansión de la capacidad de generación y trasmisión. Inversiones que no se darán si se mantienen la incertidumbre y los temores sobre las condiciones y regulaciones que regirán al sector en los próximos años”, añade Gaviria.
Considera que no se trata solo de un problema de desestímulo de la inversión privada en los servicios públicos. “Si se mantiene esta situación de alta incertidumbre, será inevitable que los colombianos sufran un deterioro de la cobertura y, sobre todo, de la calidad de los servicios públicos. Las decisiones que está tomando el Gobierno repercutirán, por lo tanto, en una disminución del bienestar y la calidad de vida de los colombianos”.
Para el expresidente Gaviria lo que se anuncia es un regreso a un modelo estatista y sin inversión privada. En el documento, Gaviria analiza cómo fue la evolución de los servicios públicos y por qué eran tan malos antes de 1991.
“La organización empresarial de los servicios públicos estatales era caótica: la mayoría de las entidades estaba dominada por los apetitos políticos; escaseaban las administraciones profesionales; gran parte de las empresas carecía de planes de negocios y de procesos de planeación adecuados; no eran financieramente viables por el endeudamiento, los costos excesivos y los escasos ingresos. Las tarifas no cubrían los costos y, por razones políticas, no se ajustaban (era común que se redujeran para satisfacer promesas populistas). Como las comunidades alegaban, con razón, que no era justo pagar tarifas plenas por servicios malos o inexistentes, se creaba un ciclo vicioso de tarifas decrecientes, reducciones de las inversiones, deficiente mantenimiento y, al final, peores servicios”.
“No tiene sentido, como propone el Gobierno, derogar las leyes 142 y 143 de 1994, que han mejorado el bienestar de los colombianos. Es inconcebible que, después de la experiencia del país con sus servicios públicos, se traten de recrear las condiciones existentes antes de 1991, en especial la prohibición de que el sector privado, con capital, tecnología y know-how, invierta en los sectores de energía, gas, agua, basuras y comunicaciones”, señala el exjefe de Estado.
Y en materia de regulación, asevera que tampoco tiene sentido hacer a un lado y desconocer las comisiones técnicas a cargo de la regulación de los servicios públicos, fuente de estabilidad y predictibilidad de las reglas de juego en Colombia, para que el presidente asuma las funciones regulatorias. “En lugar de cometer ese error, las comisiones deben fortalecerse y en su seno deben producirse las regulaciones necesarias para mantener la calidad y cobertura de los servicios”, puntualiza.
Sin embargo, a pesar de los incrementos en la cobertura y del desarrollo del sector de los servicios públicos en el país, hay problemas que deben ser solucionados de forma expedita.
Entre ellos, destaca Gaviria, hay que elevar la cobertura y la calidad de los servicios en las zonas urbanas más pobres y en las áreas rurales. Además, es necesario resolver los problemas de los servicios de energía eléctrica en la costa Caribe, pues no ha sido fácil el rescate de los servicios de la antigua Electricaribe y se han dado aumentos en la tarifa sin que reflejen una mejoría en el servicio.
También se debe mejorar la asignación de los subsidios a los servicios públicos a los más pobres, pues hay personas que no son pobres y están siendo beneficiadas. Y, finalmente, es necesario mejorar y sofisticar la capacidad del Estado para vigilar, regular y conducir el proceso de mejoramiento de los servicios públicos y la infraestructura.