Los investigadores a cargo del proceso conocido como “Marionetas”, que dejó condenado al fallecido exsenador Mario Castaño, sacaron un segundo capítulo que enredó a otro grupo de congresistas, incluso uno capturado: Ciro Ramírez.
“Para ello, se emplearon mecanismos de contratación lícitos, con el fin de que contratos de obra e interventoría resultasen adjudicados de manera direccionada. Los senadores en mención presuntamente serían:
- Mario Alberto Castaño
- Carlos Abraham Jiménez
- Juan Felipe Lemos
- Ciro Alejandro Ramírez
- Miguel Ángel Barreto
- Carlos Motoa
- Sammy Merheg”
Ahora y después de reunir las pruebas, la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra los implicados en este escándalo, a excepción de los aforados, es decir, los congresistas cuya investigación está en manos de la Corte Suprema de Justicia. En el documento, se advierte de qué forma la organización criminal que saqueó los recursos públicos en el Quindío también llegó al Departamento para la Prosperidad Social.
“Tratándose entonces de una organización dedicada a apropiarse de recursos a través de la contratación estatal de esta empresa industrial y comercial del Estado, con la participación de servidores públicos y particulares quienes incurrieron en diferentes delitos como interés indebido una celebración de contratos”, señaló la Fiscalía en el escrito de acusación.
El ente acusador es claro en advertir que desde el llamado Proyecta Quindío se trató de direccionar millonarios contratos para favorecer los intereses de particulares y así obtener ganancias como retribución por la entrega a dedo de los contratos que salían del Departamento para la Prosperidad Social y que tenían como objetivo algunas obras de infraestructura.
“Se direccionaron recursos públicos desde una entidad de orden nacional con domicilio en la ciudad de Bogotá dirigidos a financiar los proyectos de infraestructura presentados para los departamentos del Tolima, Quindío y Valle del Cauca. A su vez, seleccionó los procesos de invitación pública que con dichos recursos se adelantaron en Proyecta Quindío para realizar las obras públicas y consultorías”, explicó la Fiscalía al entregar el documento con el que buscarán una condena.
En el detalle de la acusación, la Fiscalía explicó que fueron contratos por más de 48.000 millones de pesos los que salieron del Departamento para la Prosperidad Social destinados a Proyecta Quindío, y fueron más de 1.000 millones los que se repartieron entre los funcionarios vinculados a ese escándalo y los congresistas que, aparentemente, hicieron parte de este entramado criminal.
Incluso se habló de un modus operandi por parte de los involucrados, que reprodujo lo ocurrido con el senador Mario Castaño. La Fiscalía advirtió la dinámica que utilizaron los funcionarios para darle trámite de legalidad a los millonarios contratos que salieron del DPS. “Cada senador contó con un subgrupo de operaciones para obtener esos beneficios ilícitos en la contratación estatal”.