La polémica por el controversial artículo incluido en el estatuto anticorrupción que castiga severamente a quienes injurien y calumnien a funcionarios públicos está encendida en el Congreso.
Inicialmente, el artículo aprobado en la Cámara indicaba que quienes cometieran injuria y calumnia contra un funcionario público y pertenecieran a una organización comunal, se exponían a que su organización perdiera la personería jurídica, lo que ya de por sí generaba preocupación en varios sectores.
Sin embargo, este jueves se conoció que en la conciliación del proyecto el artículo podría llegar recargado, pues desde el Senado se propuso no solo castigar con pérdida de personería jurídica sino cárcel por hasta 10 años y millonarias multas económicas a quienes incurran en estas conductas contra funcionarios públicos.
Esto desató malestar en el representante César Lorduy, quien es ponente y conciliador del proyecto por parte de la Cámara de Representantes, quien le dijo a SEMANA que si el Senado busca imponer este artículo con penas de cárcel y multas económicas, él propondrá hundir “todo el artículo”.
“No voy a apoyar el artículo propuesto por el Senado, buscaré defender lo hecho en Cámara y si no hay acuerdo, estoy de acuerdo en que se elimine todo el artículo y así lo propondré”, le dijo el representante a este medio.
Lo dicho por el congresista de Cambio Radical implica un giro en la forma en que venía avanzando la discusión, pues Lorduy, al ser uno de los conciliadores, es el que tiene el poder, junto al conciliador de Senado, de decidir qué texto se le propone a la Plenaria.
La conciliación sobre un proyecto de ley es un procedimiento que realizan voceros del Senado y de la Cámara cuando los textos del mismo aprobados en las dos corporaciones son diferentes. El informe de ponentes debe ser aprobado por las plenarias de ambas cámaras.
Críticas de directores de medios
La propuesta del Senado de agravar aún más los castigos para quienes incurran en las faltas descritas desató fuertes críticas en los directores de medios.
Vicky Dávila, directora de SEMANA, calificó la iniciativa de algunos políticos como una vergüenza.
“El país no puede permitir que unos políticos amangualados triunfen en su intención de callar a la prensa. Ahora nos quieren meter a la cárcel para que no los podamos denunciar a tiempo. ¡Qué vergüenza! Este no es un atentado solo contra la libertad de expresión, sino contra la democracia”, dijo la directora de esta casa editorial.
El director de El Tiempo, Andrés Mompotes, dijo que “es lamentable” que la amenaza al periodismo, desde el Congreso, “haya llegado hasta este punto”.
“Enfrentar este ‘mico’ todavía es posible en manos de los conciliadores de Senado y Cámara. Ellos aún pueden demostrar su talante democrático y mitigar una seria afectación a la libertad de expresión. Aún quedan también las instancias de la sanción presidencial y la Corte Constitucional, pero es lamentable que se haya llegado hasta este punto con una proposición que no guarda unidad de materia con la ley anticorrupción y que se ha convertido en todo un orangután contra la libre expresión de los ciudadanos”, dijo Mompotes a SEMANA.
La directora del diario El Colombiano, Luz María Sierra, aseguró que la prensa está frente a un acto de “censura”.
“Nunca nadie se había atrevido a ir tan lejos. En la legislación colombiana ya están caracterizados los delitos de injuria y calumnia. Introducir un artículo diseñado especialmente para darles una especial protección a los funcionarios públicos contra los medios de comunicación no se puede llamar de manera distinta que censura. Y es especialmente peligroso en tiempos como estos en los que algunos funcionarios corruptos se amangualan o logran poner a personas dentro de los entes de control e investigación a su servicio ¿Usted se imagina esa herramienta en manos de gobernantes corruptos?”, terminó preguntándose la directora del diario El Colombiano, de Medellín.