Hacia las nueve y treinta de la mañana dio comienzo en la sede de la JEP la audiencia de presentación de la primera versión colectiva por parte de los principales exdirigentes de la guerrilla de las FARC. Ante los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, los antiguos miembros del Estado Mayor Central de la FARC hicieron entrega de un informe escrito en el que respondieron a las preguntas y cuestionamientos que los magistrados del tribunal les solicitaron resolver en relación con los distintos casos de secuestro y retención ilegal de civiles y miembros de la fuerza pública por parte de las FARC. El caso 001 fue el primero que abrió la Jurisdicción Especial para la Paz en contra de los miembros de la extinta guerrilla con el fin de lograr los objetivos de verdad, justicia reparación y no repetición, y es hasta ahora uno de los procesos más avanzados.
El ahora presidente del partido FARC y otros diez excomandantes hicieron el reconocimiento durante la primera audiencia colectiva del caso 001 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga miles de secuestros atribuidos a la exguerrilla en el marco de su alzamiento armado de medio siglo. El informe escrito fue entregado a la JEP por 11 exjefes de las extintas Farc-EP: Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Jaime Parra, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Luis Óscar Úsuga, Jesús Mario Arenas, Juan H. Cabrera, Milton de Jesús Toncel y Abelardo Caicedo. La diligencia comenzó con una intervención por parte de los magistrados, en la cual se hizo referencia a las distintas preguntas que se solicitó a los desmovilizados responder en el informe escrito. Según dijeron, los excombatientes debían responder a las preguntas de ¿cómo se tomó la decisión de realizar retenciones ilegales?, ¿cómo se elegía a las personas que iban a ser retenidas? ¿cuántas personas estuvieron cautivas?, ¿cuáles fueron las órdenes de la organización respecto al trato?, ¿cuáles eran las órdenes dadas en intentos de fuga o rescate?, ¿cuál es el estimado del monto recibido por rescates?, entre otros cuestionamientos. La información entregada por los ex guerrilleros a los magistrados, será contrastada con las versiones entregadas por la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas. Rodrigo Londoño, antiguo comandante de las FARC, fue el encargado de tomar la palabra ante el tribunal. En su intervención, reconoció la existencia de este crimen como parte del accionar militar de las FARC-EP, y dijo que “asumían su responsabilidad colectiva, ética y política por el daño ocasionado a las personas y familias que fueron victimas de esta desafortunada práctica”.
Igualmente, mencionó que con el informe presentado no se pretende “justificar ninguna conducta violatoria del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, sino dar a conocer las causas objetivas que nos llevaron a construir lo que fueron las Farc”. Finalmente, Londoño terminó su intervención pidiendo perdón a las víctimas y reafirmando el compromiso de los presentes con lo pactado en La Habana y con los procesos que adelanta la JEP. Con esto finalizó la primera de las diligencias de presentaciones de versiones colectivas en el marco del caso por secuestro. A partir de ahora, los magistrados del tribunal podrán, teniendo en cuenta lo consignado en el informe, citar a nuevas diligencias y decretar la práctica de pruebas necesarias para el desarrollo del proceso. Además, cada una de las 643 víctimas que fue acreditada en el caso 001 recibirá una copia de este primer informe entregado por las FARC, y podrá realizar y solicitar los comentarios y aclaraciones que considere. Los casos Si bien en la diligencia judicial no trascendió ninguna información respecto al contenido del informe, esta sirvió para que los ex jefes guerrilleros hablaran de una de las prácticas que los hizo más temidos durante sus años de lucha, y que despertó el rechazo de todos los sectores de la sociedad: el secuestro y cautiverio prolongado de civíles y militares. Desde los años noventa, las FARC-EP recuerieron al secuestro como una estrategía con fines políticos y economicos. Para ello secuestraron a personalidades políticas y a militares, a los cuales mantuvieron como rehen por varios años en lo profundo de la selva. Además, a esta práctica recurrieron como forma de financiamiento, secuestrando a comerciantes y ganaderos por los que exigían altas sumas de dinero. Según la Fiscalía, hasta el momento se tienen documentados 6.162 casos de secuestro, con 8.163 víctimas, que involucran a los rebeldes. En este proceso, la JEP conocerá los delitos relacionados con esta práctica entre 1993 y 2012.