Carlos Evelio Herrera García tomó posesión como alcalde de Villahermosa (Tolima) el primero de enero de 2012. Pasaron cinco semanas para que encendiera las alarmas sobre un atentado del que había resultado como víctima. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que todo fue un montaje para recibir beneficios en su esquema de seguridad.
La emergencia ocurrió el 19 de febrero de ese año cuando el entonces mandatario se desplazaba en un vehículo por la carretera que conduce de su municipio hacia Líbano, en las inmediaciones del sector conocido como El Gato Negro. En ese punto lo habría abordado un hombre fuertemente armado que accionó la pistola contra el vehículo.
De acuerdo con el relato que les entregó Herrera García a las autoridades, él se encontraba con otras dos personas que salieron ilesas del supuesto atentado. Así lo describió la Fiscalía: “Él y sus dos acompañantes, entre ellos el conductor, fueron sorprendidos por un hombre que abrió fuego de manera indiscriminada y luego huyó”.
La denuncia la sostuvo con los impactos de bala que quedaron marcados en el automotor. Sin embargo, las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación del ente de acusación empezaron a recolectar información que no cuadraba con las advertencias que entregó el alcalde. Una conversación telefónica que fue interceptada entregó las primeras dudas.
Mientras sostenía las riendas de la administración local, entabló una conversación con alguien al que le describió el plan que creó y los beneficios que pretendía adquirir con la simulación del ataque. Además, con base en el material probatorio recopilado por los organismos judiciales, destapó los nombres de las personas que lo acompañaron.
Álvaro Alarcón Amaya era el que estaba conduciendo el carro cuando recibieron los disparos. Mientras que Jeison Andrés León Canizales los escoltó. La investigación concluyó que este último personaje fue el encargado de conseguir el arma de fuego con la que se hicieron los disparos ese 19 de febrero de 2012. Todos rindieron cuentas del caso.
El proceso de judicialización empezó con un argumento que fue difícil de refutar por parte de los implicados, presentado por los investigadores de la Fiscalía: “Con el fin de conseguir beneficios como protección y movilidad por parte de la Unidad Nacional de Protección, el exfuncionario, en complicidad con otras dos personas, ejecutó un atentado en su contra”.
El primero en pasar al atril fue el exalcalde de Villahermosa, Tolima, por los delitos de falsa denuncia agravada, fraude procesal y fraude a subvenciones. La escena fue descrita ante un juzgado del Tribunal Superior del departamento de Ibagué, quien tomó cartas en el asunto al condenar al político de Villahermosa, Evelio Herrera García, a cuatro años de prisión.
De igual manera, lo inhabilitaron para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo período. Sin embargo, al condenado se le concedió la libertad condicional por haber cumplido las tres quintas partes de la pena y demás requisitos legales. Pero no se salvará de pagar una multa de 105 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.
“También la obligación de suscribir acta de compromiso de buen comportamiento y que se presentará cuando sea requerido por las autoridades. Adicional a ello, se ordenó que, por la Fiscalía, se le entregue a la Unidad Nacional de Protección dos títulos judiciales que fueron consignados para el reintegro en calidad de víctima”, se lee en el expediente.
Mientras que Álvaro Alarcón Amaya, quien era el que conducía el vehículo, fue condenado a la pena de 60 meses de prisión domiciliaria en junio de 2019. Por su parte, Jeison Andrés León Canizales, fue condenado a 45 meses de prisión, ambos por los delitos de falso testimonio y fraude procesal, en calidad de cómplices.