En marzo de 2019, cuando las irregularidades por los millonarios contratos de infraestructura en el mandato de Richard Aguilar empezaron a salir a la luz, Julián Jaramillo, quien había fungido como asesor del mandatario y era uno de sus hombres de confianza, movió cielo y tierra para evitar que varios de los testigos de este entramado de corrupción empezaran a hablar con las autoridades.
Una conversación grabada por la Fiscalía General dejó en evidencia cómo Jaramillo llamó a Claudia Toledo Bermúdez, exsecretaria de Infraestructura de la Gobernación de Santander, y a su esposo, el contratista Lenin Pardo, para que no atendieran las llamadas del ente investigador.
Por su silencio, les ofreció la suma de 2.800 millones de pesos. El objetivo era que, debido a las pruebas que existían, la pareja de esposos aceptara su participación en los hechos de corrupción en la entrega de millonarios contratos, pero evitaran vincular a Richard Aguilar con este caso.
Hace un año, la pareja firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía General. Ahí se comprometían a ser testigos en las investigaciones y juicios penales por la entrega irregular de millonarios contratos.
El pasado sábado, un juez de control de garantías de Bucaramanga ordenó enviar a la cárcel a Jaramillo, quien es investigado por las irregularidades en los contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga, los cuales tuvieron un valor cercano a los 23 mil millones de pesos.
“Julián Jaramillo acordó el pago con el contratista Octavio Reyes Sarmiento de dineros indebidos para él y otros funcionarios públicos por la adjudicación irregular de ese contrato, correspondientes al 16 % del valor total del contrato, de los cuales el 10 % sería para el gobernador de Santander Richard Aguilar, el 3 % para la secretaria de Infraestructura Claudia Janeth Toledo y el 3 % restante para usted, Julián Jaramillo, como director de proyectos de infraestructura”, explicó el fiscal 18 de la unidad anticorrupción durante la audiencia de imputación.
La Fiscalía General le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, presunta autoría en cohecho y peculado por apropiación, cargos de los cuales se declaró inocente.
Richard Aguilar fue llamado a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en la celebración irregular de por lo menos seis millonarios contratos de infraestructura. El exmandatario fue acusado por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
En el contrato del reforzamiento estructural del estadio de fútbol y adecuación de piscinas, y del Coliseo Vicente Díaz Romero, suscrito en febrero de 2014, y cuyo valor superó los 15.278 millones de pesos (con un contrato de interventoría y una adición reconocida por más de 6.700 millones de pesos), se señaló que el entonces gobernador dio instrucciones precisas para que fuera direccionado a Reyes –quien formaba parte de la unión temporal Reforzamos 2015–, pues ya había un pacto de palabra para la entrega de la comisión.