El empresario Carlos Mattos, condenado recientemente a cinco años y ocho meses de cárcel por el escándalo de corrupción en el caso Hyundai, también disfrutó las mieles del Caribe colombiano de forma privada durante años enteros.
La tenencia del predio ‘La Isabella’, uno de los rincones más hermosos del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, gozó de cierto grado de discreción hasta 2010, cuando el administrador le impuso a Mattos una medida preventiva que, finalmente, desembocó en una sanción.
Luego de dos intentos por notificarlo, finalmente Mattos fue informado de que se adelantaría una inspección judicial, que terminó por empapelarlo formalmente, pues en septiembre de 2011, tal como figura en los archivos de la dirección de Parques Nacionales, comenzó la pelea jurídica.
En 2012, su apoderada pidió decretar la nulidad del proceso por supuesta violación a las garantías constitucionales de Mattos, pero, finalmente, en octubre de 2013, la Dirección Territorial Caribe de Parques Naturales le formuló cargos.
Mattos debía responder por “construir nueve polígonos de diferentes tamaños, en un área total de 249,67 metros cuadrados, de plataforma de madera, soportados sobre 118 pilotes fundidos en concreto de diverso diámetro y profundidad, forrados en PVC corrugado, empotrados en el fondo marino”.
En plata blanca, eso quiere decir que esas construcciones estarían afectando lo establecido en las normas ambientales y habrían alterado el delicado balance del paraíso de las Islas del Rosario.
Mattos, a través de su abogada, alegó que las construcciones fueron de conocimiento de la Dirección General Marítima, Dimar, pero ese argumento fue desestimado por Parques Nacionales, que sostuvo finalmente que la actuación del hoy condenado empresario “es una prohibición de carácter ambiental”.
Con ese panorama, y tras un largo análisis jurídico, Mattos fue condenado en febrero de 2015 a pagar una multa de casi $23 millones y, se le impuso una medida de compensación por la afectación que provocó al medio ambiente; le ordenaron entregar una serie de equipos especializados, destinados a un Centro de Recuperación Coralina.
La resolución dejó abierta la puerta para que Mattos interpusiera una apelación; sin embargo, y a pesar del daño probado que le causó al medio ambiente, el polémico empresario recibió permiso para hacer otras intervenciones.
Pocos meses después, en diciembre de 2016, la misma entidad, Parques Nacionales, le autorizó la reposición, adecuación y mejora de cuatro espolones, entre los 22 y los 30 metros, que usarían elementos como cemento y varilla, que también podrían afectar el equilibrio de la zona.
Lo hizo en otro predio llamado Punta Hormiga, lo cual quiere decir que Mattos habría tenido no una sino al menos dos islas en medio del paradisíaco paraíso caribeño.
El jugoso contrato de Jorge Mattos
Pero Carlos no es único miembro de la familia Mattos que gozó de las bondades de las Islas del Rosario; su hermano, Jorge, firmó en 2015 un contrato para hacerse a otra de las islas.
SEMANA tuvo acceso al acuerdo de arriendo del predio conocido como El Peñón, con un área de 384,35 hectáreas, por el que pagó al iniciar el contrato apenas $189.270 más IVA. Pero, al igual que Carlos, Jorge Mattos también fue requerido por presuntos daños al frágil sistema de fauna y flora.
Parques Nacionales, tras una revisión en campo en julio de 2015, determinó, entre otras cosas, que había construido un muelle, que había talado un bosque de manglar y que había dragado parte de una ciénaga, que provocaron, según un informe técnico, “pérdida del pasto marino en el área protegida por remoción total de pastos marinos y generación de depresiones en el fondo”.
Por eso, le abrió una investigación administrativa ambiental en abril de 2016. El contrato, según lo reportado por la Agencia Nacional de Tierras, sigue vigente.