4.3 billones de pesos es la millonaria suma con la que la Contraloría tasó el presunto detrimento en las obras de la represa de Hidroituango, pero, más allá del fallo en el que declaró la responsabilidad fiscal de 17 personas naturales y nueve jurídicas, la gran pregunta para los medellinenses era ¿Quién iba a pagar esa millonada? ¿Si lo tenían que pagar los ciudadanos?. Pues bien, luego de una intensa negociación en España, este viernes se podría llegar a un acuerdo para el pago.

Según conoció en exclusiva SEMANA, desde hace más de 15 días un equipo de EPM se encuentra en Madrid (España) buscando un preacuerdo con las aseguradoras Mapfre y SURA, para que estas asuman el pago de 4.3 billones de pesos.

Este acuerdo debe contar con la venia de la Contraloría, pero si no hay inconveniente la fórmula para el pago sería así: Mapfre pagaría 3.9 billones de pesos; Sura (del grupo GEA) 400 mil millones de pesos. Además se contempla el pago de deducibles, que pagarían los constructores a EPM por haberle hecho activar las pólizas y cuyo costo estaría entre los 600 mil millones a 800 mil millones de pesos.

Como este millonario acuerdo debe contar con el aval de la Contraloría, el viernes se dará una importante reunión en Bogotá donde se sentarán el Contralor General, Felipe Córdoba, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero; el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo; y los representantes de las aseguradoras, si hay humo blanco, los medellinenses pueden contar con el desembolso que estuvo en entredicho.

Vale la pena recordar que apenas hace 20 días la Contraloría ratificó el fallo con el que condenaba a 26 actores entre personas naturales y jurídicas entre los que se destacan como responsables los exgobernadores Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos, y varios de los gerentes de EPM.

No obstante hay que dejar claro que el fallo de la Contraloría recogió los daños que se habían causado hasta julio de 2019, para entonces el detrimento sumaba 4,3 billones de pesos, pero EPM estima hoy que una pérdida actualizada que ronda los 9,9 billones y por ese monto fue presentada la demanda que presentó la empresa de servicios públicos de Medellín contra los constructores.

Así las cosas, de llegar a un acuerdo en el trascendental encuentro del próximo viernes, los contratistas podrían continuar la ejecución del proyecto. Sin embargo, EPM mantendría la demanda contra los constructores para recuperar los daños no cubiertos por las aseguradoras que superan los 5,6 billones de pesos. Así que la pelea sigue.

El fallo

La Contraloría General ratifica el fallo, en segunda instancia, a título de “culpa grave”. Es decir, confirma la decisión que había tomado en septiembre de este año, cuando vinculó a 26 funcionarios y contratistas.

Para el organismo de control, en los hechos ocurridos alrededor del proyecto Hidroituango hay un daño patrimonial contra el Estado, debido a los sobrecostos y la falta de generación de energía, por los tropiezos en los avances del cronograma de terminación de la hidroeléctrica, debido a la declaratoria de contingencia en 2018.

De los imputados

Hay que señalar que en la lista figuran políticos como Sergio Fajardo (presidenciable), Luis Alfredo Ramos (el fallo ratifica que su vinculación se trata de grado de consulta sin responsabilidad fiscal). También están los nombres de las empresas Coninsa Ramón H. S.A.; Constructora Camargo Correa y Conconcreto.

Hay que recordar que el país está a la expectativa de Hidroituango, debido a que en este proyecto están cifradas las esperanzas de una generación de energía del 17 %, lo que además de reducir posibles riesgos de racionamiento energético, permitiría abaratar los costos para los usuarios.

También hay que recordar que, en días pasados, Sergio Fajardo había presentado una recusación contra el contralor Felipe Córdoba, en el curso de la investigación que contra él adelantaba la Contraloría, por las irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango. La recusación fue negada, lo que al parecer, abrió el camino para que la Contraloría siguiera el camino y emitiera el fallo de segunda instancia.