El exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt Chaljub reapareció este viernes con una carta abierta, conocida en primicia por SEMANA, en la que arremete en contra del nuevo embajador del gobierno Petro ante la (Organización de Estados Americanos (OEA): el exmagistrado Luis Ernesto Vargas.

Cabe recordar que Vargas, nuevo diplomático, quien reemplazará a Alejandro Ordóñez, tiene una amplia hoja de vida en materia jurídica. Fue presidente de la Corte Constitucional y además magistrado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una dignidad que Gustavo Petro respeta porque le devolvió sus derechos políticos tras la destitución por más de 15 años que profirió en su contra el exprocurador Alejandro Ordóñez tras el escándalo de las basuras en su época de alcalde de Bogotá.

Sin embargo, en la carta abierta conocida por SEMANA, Pretelt hace toda una disertación sobre la justicia en Colombia y advierte de la posible continuidad de la presencia del Cartel de la Toga en las instituciones.

“Los colombianos merecemos una rama judicial que se apegue a la Ley con imparcialidad y que no trabaje como pieza del ajedrez político del gobierno de turno. Contrario a esto, vemos en sujetos como el recién nombrado embajador ante la OEA y exmagistrado Luis Ernesto Vargas, el ejemplo de una justicia dislocada, que no se centra en argumentos jurídicos, sino en perseguir a todo aquel que piensa distinto”, señala la primera parte de la misiva conocida por SEMANA.

Según Pretelt, la rama judicial ha sido infiltrada y lanza una advertencia: “El activismo político de Vargas Silva como miembro de la Corte Constitucional era descarado y llegaba al punto de filtrar las ponencias de Iván Cepeda al instante. Era ‘de facto’ un activista del Pacto Histórico y admirador de las Farc con toga”.

En cuanto a Vargas, su designación como embajador ante la OEA lo convierte, casi que de inmediato después de su posesión, en la cabeza visible de Colombia ante instancias internacionales adscritas a dicho organismo, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Vargas ya conoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, fue relator para Derechos de Migrantes, Refugiados y Víctimas de Trata de Personas.

Caso Fidupetrol

Hay que recordar que el exmagistrado Pretelt, precisamente, fue condenado por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, por supuestamente haber exigido un soborno de $500 millones para favorecer o ayudar a Fidupetrol en el trámite de una tutela que llegó a su despacho. Y ese es, justamente, el tema que aborda al final de la misiva.

En la última parte de la carta, Pretelt advierte: “Como una última aclaración importante, de cara al país, confirmo que mi posición en la Corte Constitucional fue en contra de los intereses de Fidupetrol: nunca realicé ninguna actuación a favor de Fidupetrol, no preseleccioné, ni seleccioné ni insistí la acción de tutela de esa empresa. Solicité, en cambio, que se llevara el proceso a la Sala Plena de la Corte Constitucional, para que fuera decidida por los 9 magistrados y, además, voté en contra de los intereses de dicha empresa sin salvar ni aclarar mi voto”, advierte.

El exmagistrado fue noticia también en días pasados cuando SEMANA reveló, en primicia, que el exsenador Bernardo Miguel Elías, más conocido por la opinión pública como “Ñoño”, confirmó a varias personas de su círculo cercano algo hace pocos días, algo que había advertido en entrevista con este mismo medio.

Elías reveló cómo parte de los dineros de Odebrecht habrían sido destinados para la reelección del expresidente Juan Manuel Santos. Pero también salpicó a varios exfuncionarios de ese Gobierno como el exdirector del Sena y exsecretario de la Presidencia, Alfonso Prada.

Lea aquí la carta completa:

Los colombianos merecemos una rama judicial que se apegue a la Ley con imparcialidad y que no trabaje como pieza del ajedrez político del gobierno de turno. Contrario a esto, vemos en sujetos como el recién nombrado embajador ante la OEA (Organización de Estados Americanos) y ex Magistrado Luis Ernesto Vargas, el ejemplo de una justicia dislocada, que no se centra en argumentos jurídicos, sino en perseguir a todo aquel que piensa distinto.

La rama judicial ha sido infiltrada a través de un proceso que lleva décadas, por parte de corrientes ideológicas que la han politizado. Dicho proceso tiene muchos implicados, que han usado fallos, conceptos y sentencias para hacer política. En estas líneas me enfocaré en dos oscuros funcionarios que han pisoteado la justicia: Luis Ernesto Vargas Silva y Myriam Ávila Roldán

El recientemente anunciado embajador fue quien fabricó el montaje judicial del Caso Fidupetrol, según el cual se habría solicitado dinero al señor Víctor Pacheco para entregárselo a Marcela Monroy (Q.E.P.D.), ex esposa de Mauricio González Cuervo y su hijo menor de edad, con el propósito de poner en mi contra a González al involucrar a su familia y de esta manera quitarme un voto necesario para ser elegido Presidente de la Corte Constitucional, como me correspondía en aquel momento.

El activismo político de Vargas Silva como miembro de la Corte Constitucional era descarado y llegaba al punto de filtrar las ponencias de Iván Cepeda al instante. Era “de facto” un activista del Pacto Histórico y admirador de las FARC con toga.

Ávila por su parte fue magistrada auxiliar de Vargas Silva durante 8 años y luego llegó a ocupar el cargo de titular, por lo que presencié de primera mano su participación en todos los debates del tema de Fidupetrol.

Cuando la mano derecha de Vargas Silva salió de la Corte Constitucional, fue designada Procuradora Delegada para la Investigación y el Juzgamiento Penal y por reparto le correspondió mi caso, de cuyo expediente tuvo conocimiento durante 17 días. A pesar de su clara participación en el proceso, respondió la solicitud de recusación que presenté contra ella con la excusa de que no alcanzó a actuar, aunque tuvo el expediente por casi un mes en su escritorio y conoció toda la información reservada.

En un exabrupto jurídico sus compañeros en la Sala Penal consideraron recientemente que es apta para votar la propuesta de condena que tiene preparada el Magistrado Fabio Ospitia; igualmente impedido pues su hermano actuó en mi proceso como Director Nacional de Fiscalías del nefasto Montealegre.

Estas irregularidades las he puesto de presente a la Procuraduría General de la Nación en dos oportunidades, solicitando su intervención para que se me garanticen mis derechos a un juez imparcial y mi derecho al debido proceso. Me encuentro a la espera de su pronunciamiento.

Tuve la oportunidad de grabar en medio de mi persecución al conductor del que algunos medios promueven como flamante jurista y próximo embajador ante la OEA, quien me relató una serie de hechos aterradores que es importante denunciar: Empezando porque recibió maltratos de parte de Vargas Silva a tal nivel que llegó a dejarlo casi inválido.

Según declaraciones del conductor, en un acto a todas luces ilegal, Vargas dejó entrar a Víctor Pacheco por el sótano del edificio de la Corte Suprema para no dejar registros. Pero su desfachatez no para ahí, además se ausentó temporalmente de la Corte Constitucional porque el periodista Norbey Quevedo estaba por revelar en el diario El Espectador un escándalo de corrupción que lo involucra, pero se supo que por decisiones editoriales la investigación no fue publicada. La excusa que presentó en la corte para solicitar dicha licencia la hizo sobre la base de haber tenido un infarto que jamás ocurrió, como lo prueba información contenida en su historia clínica.

Despidió a su conductor porque supuestamente le había robado una gruesa suma de dinero en moneda extranjera de la mesa de noche, pero tuvo que reintegrarlo después para evitar escándalos. ¿De dónde saca millones de pesos en efectivo un funcionario que decía que vivía de su sueldo?

La Información entregada por el conductor se encuentra grabada y a pesar que la Corte Suprema no la aceptó como prueba, es evidente que contiene hechos irrefutables de la forma en que se llevó a cabo el montaje judicial en mi contra y se hace perentorio dar a conocer estos hechos a la opinión pública.

Corría el año 2015 y me correspondía la Presidencia de la Corte Constitucional que se había convertido en la joya de la corona, ya que quien la ocupara participaría en la elección del Registrador Nacional del Estado Civil, y de una manera u otra habrían de tramitarse distintos asuntos jurídicos trascendentales en el espurio proceso de paz con las FARC.

Durante mi ejercicio de la magistratura me caractericé por un profundo respeto a la ley, sin dejar de defender valores y principios morales que estuviesen acorde con mi trayectoria conservadora. Dije siempre sí a la Paz pero con condiciones básicas que permitieran un acuerdo estable: claridad en la entrega de menores en las filas de la guerrilla, la imposibilidad de acceder a curules para quienes hubiesen cometido delitos de lesa humanidad, garantizando penas reales y efectivas para ellos. Además defendí los valores de la sociedad con posturas que me han costado una feroz persecución como estar en contra de la despenalización total del aborto, oponerme al matrimonio de las parejas del mismo sexo, apoyar el uso de glifosato para acabar la maldita droga y defendí la sentencia C-258 de 2013: una decisión histórica que me trajo grandes enemigos porque estableció que en Colombia nadie podría tener una pensión de más de 25 salarios mínimos.

Es debido a mis posiciones jurídicas e ideológicas que Vargas Silva con el apoyo del gobierno de aquel momento, impulsó un gran montaje judicial en el cual Victor Pacheco dijo que mi solicitud de dinero había sido transmitida a los dos Ejecutivos de más jerarquía en Fidupetrol: Helbert Otero y Abel Caballero.

En declaraciones dentro del caso ambos lo negaron y de cara a una posible sentencia en mi caso, es clave dar a conocer las declaraciones de Otero ante la Corte, quien afirmó: “El Dr. Pacheco, el hizo el trabajo por el cual a él se le contrato… yo no sé en qué momento terminó este señor diciendo esto cuando a mí no me consta nada de lo que él dijo. Yo lo respeto mucho y quiero hacer una acotación acá, cuando llegué a la modelo él estaba allí y él se arrodillo y me pidió perdón. Y después me entero que él es el testigo que va a estar en contra mía, bueno. Él me dice: yo quiero pedirle perdón por todo esto que está pasando, discúlpeme, perdóneme. Yo le dije mire doctor PACHECO tranquilo Dios es más grande y saldremos de esto todos.”

Como una última aclaración importante, de cara al país confirmo que mi posición en la Corte Constitucional fue en contra de los intereses de Fidupetrol: nunca realicé ninguna actuación a favor de FIDUPETROL NO PRESELECCIONÉ, NI SELECCIONÉ, NI INSISTÍ LA ACCIÓN DE TUTELA de esa empresa. Solicité, en cambio, que se llevara el proceso a la Sala Plena de la Corte Constitucional, para que fuera decidida por los 9 magistrados y, además, voté en contra de los intereses de dicha empresa sin salvar ni aclarar mi voto.

Sé del entusiasmo que Álvaro Leyva le pone a sus retos, pero tendrá en Vargas Silva un enemigo, ya que el cargo de canciller es al que aquel aspiraba. Lo grabará permanentemente cada vez que hable con él y buscará involucrarlo en todo tipo de enredos hasta perjudicarlo.